El Gobierno estima que la dispensa contemplada en el inciso del artículo 17.1 de la citada Ley ("o para la realización de actividades propias de su profesión por cuenta de aquellas"), debe reputarse como inconstitucional, formal y materialmente.

Argumenta que es el Estado a quien corresponde regular los aspectos funcionales y organizativos básicos de los olegios profesionales, y quien constitucionalmente está facultado para decidir sobre el carácter obligatorio o no de la colegiación como condición misma del ejercicio profesional, al tratarse de un aspecto básico de toda organización colegial, tal como lo ha entendido el Tribunal Constitucional.