El decreto reduce los plazos de respuesta y de resolución a las solicitudes de inversión, algo que era una de las principales demandas de las empresas e inversores.

El plazo de resolución pasa de los seis meses actuales a tres meses. Aparte, se prevé la posibilidad de consulta voluntaria, vinculante para la administración y con un plazo de respuesta de 30 días hábiles.

El decreto establece además el tipo de empresas extranjeras y de operaciones que necesitan o no solicitar una autorización de inversión a la administración, lo que mejora la predictibilidad de la norma. Además, se establecen una serie de exenciones al régimen de autorización previa.

“La atracción de inversiones extranjeras a España ha sido un elemento fundamental en el impulso de la modernización de la economía y en la creación de empleo productivo, estable y de calidad”, explica el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez.