Así lo expuso la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes en el que se aprobó una declaración institucional con motivo del Día Internacional contra la Lgtbifobia, que se celebrará el próximo domingo.

La declaración reitera el compromiso del Gobierno con la igualdad real y efectiva de las personas Lgtbi+ y la defensa de sus derechos tanto a nivel nacional como internacional.

Así, el texto recuerda que España es un “referente” en derechos Lgtbi+, tal y como marcan “diferentes estudios y encuestas” y que “goza de un amplio crédito como país y sociedad respetuosa y comprometida con la inclusión, la diversidad y la tolerancia”.

Precisamente, este mismo martes se publicó el ranking ‘Mapa Arcoíris’ de la organización ILGA‑Europa en su edición de 2026 que sitúa a España, por primera vez, en el primer puesto como defensor y protector de los derechos Lgtbi+. España desbanca así a Malta tras una década de liderazgo de ese país en esta materia.

La declaración institucional del Gobierno recuerda el avance que supuso para España, por ejemplo, la aprobación de la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas Lgtbi+, junto al desarrollo de otras políticas públicas como la puesta en marcha del Servicio 028 Arcoíris de información y atención integral en derechos Lgtbi+.

VIOLENCIAS LGTBIFÓBICAS

La declaración también señala datos “alarmantes” que manifiestan la necesidad de seguir luchando por los derechos de las personas Lgtbi+. La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), con datos de 2024, señala que dos de cada tres personas Lgtbi+ consideran que los prejuicios y la intolerancia hacia el colectivo se han incrementado en los últimos años y tres de cada cuatro perciben que ha aumentado la violencia.

El texto del Ejecutivo recoge asimismo el incremento de los discursos de odio contra los colectivos, sobre todo a través de internet y de las redes sociales. En base a datos de ILGA-Europe de 2024, el discurso de odio online anti-Lgtbi creció en España un 130% entre 2019 y 2022, dirigiéndose fundamentalmente hacia las personas trans.

A esto se une que, según el Ministerio del Interior, los delitos de odio por orientación sexual e identidad de género ha aumentado un 1,15% con respecto a los datos de 2023 y un 15% respecto a los de 2022. En la actualidad suponen el 27,57% del total de delitos de odio registrados en España, siendo la segunda causa tras los delitos por motivos racistas o xenófobos.

El texto aprobado también recoge que, en España, los avances normativos han ido en paralelo con el desarrollo de políticas públicas dirigidas a garantizar el derecho a la información y a la atención integral a las víctimas de la violencia y la discriminación. Se destaca, igualmente, la aprobación en 2025 de la Estrategia estatal para la igualdad de trato y no discriminación de las personas Lgtbi+ (2025-2028) y la Estrategia para la inclusión social de las personas trans (2025-2028), centradas en la lucha contra la discriminación.

Además, la declaración recoge que el 17,29% del total de concesiones de asilo otorgadas en España en 2025 fueron sustanciadas por motivos relacionados con la orientación sexual, identidad sexual, expresión de género o características sexuales de la persona solicitante.

Finalmente, el Gobierno reiteró que España seguirá trabajando en “la defensa de los derechos de las personas Lgtbi+, tanto a nivel nacional como internacional” y en la adopción de “las medidas necesarias para seguir avanzando en la erradicación de la discriminación y la violencia” que aún “siguen sufriendo las personas Lgtbi+ en diferentes ámbitos de sus vidas".