Los estados signatarios se comprometen a coordinar sus políticas y acciones contra el dopaje en el deporte, a limitar las dispoibilidades de sustancias y métodos dopantes y a crear un comité de seguimiento que aprobará la lista de los fármacos prohibidos.

Este convenio internacional es un instrumento para luchar contra el problema ético-sanitario más importante del deporte y cuenta con el apoyo del Comité Olímpico Internacional.