Así lo aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros donde se aprobó retomar esta nueva normativa, tras ser detenida por la convocatoria electoral del pasado julio.

Según Alegría, la nueva propuesta "recoge un importantísimo consenso, también en este caso de las diferentes fuerzas políticas y de los primeros interesados de que se apruebe este ley", dijo en referencia a los 140.000 estudiantes y 14.000 docentes "que llevan muchos años" esperando un nuevo marco normativo. En concreto, Alegría aludió a que desde 1990, cuando se aprobó la ley educativa socialista Logse, "no había normativa básica para estas enseñanzas".

La ministra puso de ejemplo el caso de "un estudiante que hoy esté cursando un grado superior de piano", que "podrá moverse con las mismas garantías, que un estudiante de cualquiera de los estados miembro [de la UE]" y "tendrá la misma homologación". Asimismo, los estudiantes recibirán "una beca similar a la de los estudiantes universitarios" y los profesores podrán acogerse a una nueva ordenación de "las distintas figuras" que se establecerán.

Según la ministra portavoz, la nueva ley permitirá mejorar las condiciones laborales de un sector "que emplea casi a 700.000 personas", pues "se podrá reconocer y acreditar competencias y experiencia de muchos de estos trabajadores" para "que puedan mejorar su promoción profesional y se les reconozca una titulación profesional".