La medida fue confirmada por la ministra portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Ello, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzara en sendas entrevistas en RAC1 y TVE de Cataluña que aprobaría un real decreto en el Consejo de Ministros para retrasar obligaciones de digitalización de las empresas en España, entre otras medidas, para atender demandas de Junts.

En el caso de los autónomos, la obligatoriedad no entraba en vigor el 1 de enero de 2026, sino el 1 de julio de ese año. Ahora se posterga también 12 meses, por lo que será el 1 de julio de 2027.

El presidente reconoció las dificultades de la legislatura ante la ruptura de Junts y avanzó la aprobación inminente de un paquete de medidas para cumplir compromisos pendientes con Junts, entre los que también se encuentra dar más margen a los ayuntamientos para realizar inversiones financieramente sostenible.

En concreto, Pilar Alegría explicó que se trata de una medida de comunidades y ayuntamiento, que les permite que puedan hacer uso del superávit de 2024 para destinarlo a inversiones financieramente sostenibles. “Estamos hablando de inversiones tales como servicios de abastecimiento de agua, alumbrados públicos, vivienda, recogida de residuos, asistencia social o, por supuesto, también inversiones con efectos positivos para el cambio climático”, concretó Alegría.

En cualquier caso, la exigencia de aprobar una moratoria del ‘Verifactu’ no solo era de Junts, sino de organizaciones como la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) o de la patronal catalana Foment del Treball.