En concreto, el planteamiento gubernamental apuesta por vincular la evolución de la base máxima de cotización al criterio de revalorización de las pensiones, que es el IPC anual calculado en noviembre, así como un incremento adicional anual de 1,154 puntos entre 2025 y 2050. Dicho incremento iría acompañado también de un aumento de la pensión máxima.

Junto al destope de las bases de cotización máximas y las pensiones más elevadas, la propuesta inicial del Gobierno, ahora sujeta a la negociación con los interlocutores sociales, incluye la extensión moderada del periodo de cómputo de la pensión, que supone la elección de los mejores 28 años de 30 años (es decir, se descartan las peores 24 mensualidades), un cambio que se realizaría de manera progresiva, según estas mismas fuentes.

En la propuesta del Gobierno también se incluye la mejora del tratamiento de las lagunas de cotización para las mujeres, y para los varones cuya carrera de cotización se haya visto minorada tras tener un hijo, en línea con el funcionamiento del complemento de brecha de género. Asimismo, se crea un tratamiento especial para las lagunas de cotización del colectivo de autónomos.

Las fuentes ministeriales subrayaron que este planteamiento es un “punto de partida”, abierto a nuevas aportaciones de la mesa de diálogo social, que se reunirá en los próximos días.

CRÍTICAS

Ante este planteamiento, fuentes de CEOE trasladaron a Servimedia que valoran positivamente recibir por fin una propuesta “en firme”, aunque precisaron que “de entrada” no creen posible que pueda “dar lugar a acuerdo”. Además, reprocharon que “llega tan tarde que no se entiende bien el papel de los agentes sociales si se quiere aprobar en los plazos previstos y sin que haya un acuerdo político”.

En este sentido, el Gobierno tiene comprometido con la Unión Europea que esta fase de la reforma de pensiones estará aprobada antes de que concluya este año. De hecho, el ministro José Luis Escrivá ya ha anticipado que todo “apunta” a que la fórmula elegida será el real decreto-ley.

Desde los sindicatos ponen en valor la propuesta del destope de las bases máximas, pero critican que el Ejecutivo plantee aumentar el período de cálculo de la pensión.

“No es, en nuestra opinión, una medida necesaria en este momento, cuando acabamos de culminar el desarrollo de la extensión anterior, ni tenemos la certeza de que cuente con un apoyo suficiente para su tramitación parlamentaria, lo que constituye una condición necesaria para cualquier nuevo debate al respecto”, declaró CCOO.

En esta misma línea, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, destacó que “este es un debate que, desde nuestro punto de vista, no es necesario abordar hoy”. Además, añadió que “estamos en el último año” de entrada en vigor de la medida que elevó el período de cómputo de la pensión de los 15 a los 25 años y “no sabemos los efectos prácticos” sobre el sistema.

Asimismo, defendió que si Escrivá ha dicho que modificar el período de cálculo de la pensión es “neutro” desde el punto de vista de los ingresos del sistema, es mejor dejar la situación como está y no “enfrentar” a quienes saldrían beneficiados y perjudicados con la medida.