Se trata, en concreto, del proyecto de real decreto por el que se modifican el Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios y otras normas conexas de igual rango.

En la tramitación de este proyecto de real decreto, la apertura de este periodo de audiencia e información públicas permite que las organizaciones, asociaciones o entidades que lo deseen, así como los ciudadanos particulares que tengan interés, puedan formular propuestas o aportaciones adicionales sobre el contenido de la norma proyectada.

El periodo de información pública queda abierto desde este jueves, 3 de abril, hasta el viernes 11 de abril. Todas las propuestas deberán remitirse a la dirección de correo electrónico 'participacionpublica.sgu@ciencia.gob.es'.

El Gobierno explica que "se convierte en norma vinculante la regla de que la creación de una universidad pública o el reconocimiento de una universidad privada requiere de un proyecto global de formación y de investigación basado en la docencia de calidad y la excelencia de la investigación, que esté sustentado en una masa crítica de estudiantes y de profesorado suficiente para garantizar su sostenibilidad integral como universidad".

"El cumplimiento de estos requisitos lógicos y razonables para cualquier universidad pública o privada que quiera implantarse con garantías de solvencia, éxito, viabilidad y vocación de permanencia, será examinado en dos informes previos a la creación y autorización del centro universitario", precisa el Gobierno.

El primero será recabado de oficio por la comunidad autónoma, tendrá carácter preceptivo y vinculante y será elaborado por la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación (Aneca) o la agencia de calidad correspondiente a la comunidad autónoma de ubicación de la sede. El segundo será elaborado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y tiene carácter preceptivo y deberá ser elevado para la emisión de una resolución a la Conferencia General de Política Universitaria.

Además, "se refuerzan los requerimientos de sostenibilidad económica" con un aval bancario depositado en la Caja de Depósitos o instrumento legal similar; y, en la línea indicada en Ley Orgánica 3/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (LOSU), "se aumentan notablemente las exigencias de presencia de la investigación en la actividad de la universidad al considerarla como una actividad consustancial a la propia noción de universidad y de profesorado".

También "se ve reforzada la acreditación institucional, cuyo órgano de evaluación son las agencias de calidad, entre otros elementos, al sumarse a la valoración de la calidad de las actividades docentes, la disponibilidad y calidad del profesorado. Se potencia la capacidad de recogida y elaboración de la información del Sistema Integrado de Información Universitaria, para garantizar la transparencia y calidad del sistema universitario y, asimismo, la capacidad de las Administraciones Públicas de tener indicadores de seguimiento de la calidad global universitaria".

En la misma línea, se establece la creación en cada universidad del comité ético de comportamiento del personal docente e investigador en materia de investigación y transferencia, con objeto de establecer criterios de buenas prácticas en el desarrollo de la investigación y, especialmente, en el uso de la inteligencia artificial y de las tecnologías de información y comunicación en la elaboración y difusión de la ciencia.

Otra de las modificaciones es que, al expedir materialmente los títulos, "en estos se incorporará en lugar visible -justo después de la denominación del título y en su caso de la correspondiente Mención-, que la modalidad de impartición del título oficial ha sido presencial, semipresencial o híbrida, o virtual, según conste en la memoria del mismo".

ANUNCIO DE SÁNCHEZ

El anuncio de esta norma lo hizo Sánchez el pasado lunes en la sede de Escuelas Pías de la UNED, en Madrid, donde presidió un acto ‘En defensa de una universidad de calidad, clave para el ascensor social', y se refirió en concreto a un “endurecimiento” de los criterios para crear universidades y centros universitarios de carácter privado.

El presidente argumentó que las titulaciones superiores en España no pueden estar en manos de “chiringuitos educativos” que sean una “máquina expendedora” de títulos. Sostuvo que en comunidades gobernadas por el PP, citó expresamente a Madrid y Andalucía, hay un “plan deliberado” para debilitar la universidad pública y plantear luego la privatización cómo la única "salida".

Así, aludió a que en Madrid el Gobierno autonómico ha recortado casi un 30% la financiación a las universidades públicas desde el año 2016. Respecto a Andalucía, sostuvo que el Ejecutivo de Juanma Moreno tiene el presupuesto universitario “completamente congelado” desde hace seis años.

Ante esta realidad, Sánchez anunció que su Gobierno iba a “romper una lanza" en favor de la educación universitaria pública, algo que dijo que harán “sin demérito de aquellas instituciones privadas que sí funcionan bien, con rigor y con calidad”. Explicó que la respuesta que planteará el Gobierno implica endurecer los criterios para crear universidades y centros universitarios privados, así como mejorar la financiación y condiciones de la UNED.

Pese a esas palabras de Sánchez, desde el Ministerio de Morant niegan que sea una medida para atacar a las universidades privadas e insisten en que busca garantizar la calidad de la enseñanza universitaria para todos los alumnos, no solo para los que puedan pagarla.