El Ejecutivo se refiere a esta cuestión en una respuesta por escrito enviada al Congreso y recogida por Servimedia, donde los diputados de Vox Francisco José Alcaraz, Jorge Campos y María Romero se habían interesado sobre esta cuestión.

En su pregunta, estos parlamentarios afirmaban que, de acuerdo con informaciones de prensa, las protestas de 2025 contra el régimen iraní provocaron la muerte de 19 cristianos iraníes. Además, “numerosos fieles son arrestados anualmente por ejercer prácticas religiosas, como reuniones de oración en iglesias domésticas”. Añadían que estimaciones de ONG calculan que actualmente puede haber en Irán hasta 1,24 millones de cristianos.

Por eso, estos representantes de Vox querían saber qué medidas había tomado el Gobierno “para promover la libertad religiosa de los cristianos en Irán y en otros países donde no está plenamente garantizada y sufren persecución”.

“MEDIDAS CONCRETAS”

A este respecto, el Ejecutivo afirma en su contestación enviada al Congreso que “España defiende firmemente la libertad religiosa, en tanto que derecho universal”. “Esta defensa”, añade, “se materializa en foros bilaterales y multilaterales, en coordinación con la labor que las Naciones Unidas, el Consejo de Europa y la Unión Europea realizan en defensa de este derecho fundamental”.

Así, en la respuesta se afirma que “en el caso de Irán, durante su más reciente Examen Periódico Universal (ante la ONU), realizado en 2025, España recomendó en su intervención que Irán garantizara la libertad religiosa y de conciencia para minorías, tomando para ello medidas concretas destinadas a eliminar la discriminación y mejorar su protección”.

EXÁMENES PERIÓDICOS

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU coordina el Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo de supervisión integral que evalúa la situación de las libertades fundamentales en los 193 países miembros. Esta evaluación, somete a cada país a una revisión exhaustiva aproximadamente cada cinco años para garantizar el cumplimiento de los tratados internacionales y la Declaración Universal de Derechos Humanos suscrita por la comunidad internacional.

La evaluación es ejecutada por un Grupo de Trabajo integrado por los 47 miembros del Consejo de Derechos Humanos, bajo un sistema de "examen entre pares". Durante las sesiones, los Estados presentan informes nacionales sobre sus avances legislativos y sociales, mientras que los demás países formulan recomendaciones específicas y críticas constructivas. Este intercambio busca fortalecer las instituciones democráticas y mejorar la protección de los ciudadanos mediante compromisos voluntarios que cada Estado asume tras el escrutinio internacional.

El proceso integra información técnica proveniente de tres fuentes principales: el informe estatal, reportes de expertos independientes de la ONU y contribuciones de organizaciones de la sociedad civil y organismos de derechos humanos. Los resultados finales incluyen un resumen de las intervenciones y las recomendaciones aceptadas por el país examinado.