La nueva norma incorpora al ordenamiento jurídico nacional las disposiciones del reglamento europeo sobre las indicaciones geográficas, según informó el Ministerio de Agricultura en un comunicado.

El objetivo de esta norma es simplificar y hacer más eficientes los procedimientos de tramitación de las solicitudes de registro y de modificación de los pliegos de condiciones. Para ello, se reducirán los plazos establecidos en las distintas fases del procedimiento, se regulan los distintos tipos de modificaciones (de la unión, normales y temporales) y se introduce el procedimiento para la cancelación de las indicaciones.

Asimismo, se actualizará el régimen jurídico de la Mesa de Coordinación de la Calidad Diferenciada, órgano colegiado en la materia, para adaptarla a la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, así como a las necesidades detectadas a lo largo de su funcionamiento.

El real decreto también regula la aplicación en España de la nueva normativa de la Unión Europea relativa a la regulación de la oferta de vinos y productos agrícolas con DOP e IGP.

De este modo, se posibilita la solicitud de normas vinculantes para la regulación de la oferta del vino y de todos los productos agrícolas amparados por una indicación geográfica, una opción que hasta ahora únicamente estaba prevista para los sectores del queso y del jamón.

Además, la norma precisa cómo debe incluirse determinada información obligatoria en el etiquetado de los vinos con DOP o IGP y actualiza diversos aspectos relativos al control oficial de las de ámbito supraautonómico.