El pacto fue rubricado por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y por los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, respectivamente, en el transcurso de un acto celebrado en la sede del propio Ministerio.

El ministro Escrivá destacó el peso que ha tenido el diálogo social esta legislatura y calificó de “histórica” esta reforma de pensiones, que afecta a 11 millones de pensionistas y a los que en el futuro lo serán, dando “certidumbre” a los más jóvenes. Asimismo, aventuró que esta reforma será una “referencia internacional”, ya que hay unos siete países de la UE que tienen reformas de pensiones previstas en sus hitos relacionados con el despliegue de los fondos europeos.

Valoró la importancia de que vayan a verse incrementadas las pensiones mínimas, casi en línea con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y alabó las medidas que incluye para luchar contra la brecha de género.

Eso sí, lamentó la “gran demagogia” que se está haciendo con esta cuestión y defendió que, en ningún caso, las medidas de esta norma comprometen la competitividad de las empresas en España. Además, rebatió las críticas explicando que, en España, el coste para una empresa por hora trabajada es de 25,4 euros de media y, como consecuencia de esta reforma, esta cuantía se elevaría hasta los 25,8 euros en 2050.

Además, el ministro se comprometió a hacer un “esfuerzo de convencimiento” ante las fuerzas políticas para tratar de atraer los máximos apoyos parlamentarios posibles.

SINDICATOS

Previamente, el secretario general de UGT defendió el acuerdo y lamentó que “falta alguien”, en referencia a la CEOE, a quien recriminó que “no hay argumentos que justifiquen que no esté presente en esta firma”.

Además, explicó que en las últimas décadas se han ido reduciendo las cuotas empresariales y destacó que la patronal sabía, cuando refrendó la primera fase de la reforma de pensiones con la que se blindaba el poder adquisitivo de los beneficiarios, que posteriormente vendría esta segunda pata. Por ello, respondió a los argumentos de la patronal indicando que “los trabajadores pagan la fiesta de la Seguridad Social y la de los beneficios empresariales de las grandes empresas en nuestro país”, ya que son los que generan esa riqueza con su esfuerzo.

Asimismo, Álvarez calificó de “garantía” que la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) revise el sistema cada tres años y proclamó que esta reforma va “dirigida especialmente” a los jóvenes, para asegurar la sostenibilidad del sistema en el futuro.

De su lado, el líder de CCOO dijo que este es el otro “gran acuerdo” de la legislatura, junto a la reforma laboral de hace algo más de un año, porque “hoy dotamos de estabilidad y fiabilidad” a la primera fase de la reforma de pensiones, al proporcionar a la Seguridad Social de “ingresos estructurales” que garanticen la sostenibilidad del sistema para los próximos 25 años, lo que calificó incluso de “revolucionario”.

“Si cupiera ponerle un título a este acuerdo, podría ser el de más ingresos, más protección y más certezas”, agregó Sordo, que dijo que es “fundamental otorgar certezas a la población española” cuando hay mensajes que apuntan a que las pensiones “no tienen futuro”.

Tanto Álvarez como Sordo elogiaron la capacidad negociadora de Escrivá, especialmente ante la Comisión Europea. “Quien está en los arrabales de la centralidad, en el monte y huido de la centralidad no es el Gobierno, CCOO ni UGT. Son los que siguen añorando desde la melancolía las políticas de austeridad de hace 12 años”, apuntaló Sordo.

IMPUESTAZO

Por su parte, CEOE rechazó el texto, al calificarlo su presidente, Antonio Garamendi, de “impuestazo al empleo” y denunciar que todavía no haya remitido el Ejecutivo una memoria económica y las proyecciones ligadas a la aplicación de las medidas contenidas en el texto.

A su juicio, la reforma lastrará la competitividad de las empresas españolas y dificultará la atracción de talento al elevarse los costes laborales.

Preguntado por las cifras de esta reforma, Escrivá explicó ante la prensa que equivaldrá, aproximadamente, al ahorro que se pretendía conseguir con la reforma de 2013 aprobada por el PP pero, en lugar de hacerse por la vía del “recorte” de las pensiones, se hará elevando los ingresos.

MEDIDAS

La reforma de pensiones contiene medidas como la posibilidad de que los ciudadanos elijan dos períodos diferentes de cómputo de la pensión. Una de ellas será la vigente (los últimos 25 años de la carrera profesional), que los sindicatos y las fuerzas parlamentarias que apoyan la acción del Gobierno no querían ampliar.

La otra alternativa será un plazo de 29 años, eliminando los dos peores ejercicios de la vida laboral. Estas dos fórmulas coexistirán durante dos décadas y, a partir de 2043, la fórmula que sobrevivirá será la de 29 años.

Como medida para reforzar los ingresos, destaca la subida de las bases máximas que, entre 2024 y 2050 lo harán a un ritmo del 1,2% anual añadido a la inflación media de cada año calculada en noviembre. De su lado, las pensiones máximas se revalorizarán año a año con la cuantía anual del IPC más un incremento adicional de 0,0115 puntos acumulativos cada año hasta 2050. Ello supondrá que las bases máximas aumentarán un 38% hasta 2050 y la pensión máxima un 20% en un plazo algo mayor.

Además, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que es una cotización añadida del 0,6% que entró en vigor este año para reforzar la ‘hucha de las pensiones’, y que para los trabajadores supone un coste de 0,1 puntos y para las empresas de 0,5, se va a incrementar. En primer término, pasa de estar vigente no solo hasta 2032, sino hasta 2050.

Igualmente, va a pasar de los 0,6 puntos porcentuales actuales a 1,2 puntos porcentuales en 2029, a un ritmo de una décima de subida por año para reforzar el sistema durante los años en los que puede haber una mayor tensión por la jubilación de la generación del ‘baby boom’.

La reforma recoge medidas para mejorar el tratamiento de las lagunas de cotizaciones y para reducir la brecha de género, que los sindicatos pidieron reforzar.

Igualmente, plantea una cuota de solidaridad para la parte del salario que en cada momento no cotice para el sistema de pensiones por exceder el máximo previsto. Este recargo será del 1% en 2025 e irá aumentando a un ritmo de 0,25 puntos por año hasta llegar al 6% en 2045.

Por ejemplo, a una persona que gane 500 euros por encima del tope máximo de cotización, sólo se le aplicaría la cuota de solidaridad por esos 500 euros y no por todo su salario, cotizando cinco euros adicionales en 2025.

AUTÓNOMOS

Asimismo, se va a proporcionar cobertura de seis meses para lagunas de cotización en el caso de los trabajadores autónomos y se creará un observatorio, a fin de estudiar cómo se adecúa el sistema a la realidad de este colectivo.

De igual modo, se ha introducido la obligatoriedad de que las personas en prácticas en las empresas coticen en el régimen general de la Seguridad Social, al tiempo que se mantendrá la cotización de los trabajadores fijos discontinuos en período de inactividad cuando sufran una baja médica.

Además, si bien será la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) la que evalúe cada tres años el sistema para garantizar que el gasto en pensiones no supere el 15% del Producto Interior Bruto (PIB), cada tres meses se irá dando información a los agentes sociales sobre la marcha del sistema.

La segunda fase de la reforma de pensiones forma parte de los hitos comprometidos con la Unión Europea en el despliegue del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la recepción del cuarto desembolso de los fondos europeos. El plazo comprometido con Bruselas para tener aprobada esta reforma acabó el 31 de diciembre de 2022, aunque el ministro Escrivá ha restado en reiteradas ocasiones gravedad a esta demora, alegando que ya se produjo también un retraso con la reforma del sistema de cotizaciones de autónomos el pasado verano.