Esta consulta pública “recabará la opinión de las personas y de las organizaciones más representativas potencialmente afectados por la futura norma acerca de los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa; la necesidad y oportunidad de su aprobación; los objetivos de la norma; y las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias”.

La nueva norma pretende legislar “la exposición de personas menores de edad en redes sociales y servicios de plataforma de intercambio de contenido audiovisual”, una práctica cada vez “más habitual y un mayor número de personas menores de edad están presentes de diferentes formas. Entre estos contenidos también se incluye la publicidad o promoción de determinados productos o servicios”.

“La exposición en muchas ocasiones se lleva a cabo sin consentimiento” y se realiza “a través de sus progenitores o representantes legales sin ser conscientes de la amplia y numerosa información que se hace accesible entre una amplia red de personas”.

El Ministerio de Juventud e Infancia insiste en que “la sobreexposición infantil conlleva a serios daños para la salud, desarrollo y bienestar de las personas menores de edad, incluyendo daños psicológicos, como puede ser depresión o ansiedad ante una exposición constante y continuada en el tiempo”. Por ello, se considera “fundamental incorporar una regulación específica en relación con la exposición, con carácter general, de personas menores de edad en plataformas de intercambio de contenido audiovisual y redes sociales, sea o no con finalidad comercial, publicitaria o promocional, e independientemente de que se trate de una actividad lucrativa”.

La finalidad que se persigue con este proyecto normativo es “garantizar la protección de las niñas, niños y adolescentes en las redes sociales y servicios de plataforma de intercambio de vídeos” y establecer medidas “que velen por la protección de la infancia y la adolescencia respecto de la difusión de imágenes e información personal a través de plataformas y servicios digitales y garantizar el respeto de los derechos de las personas menores de edad reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico”.