En concreto, tal y como detalló el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, la disposición adicional segunda establece la suspensión de los plazos procesales entre el 27 y el 31 de julio, ambos inclusive, en los partidos judiciales de Ávila, Arenas de San Pedro, Talavera de la Reina, Torrijos, Navalcarnero, San Lorenzo de El Escorial y Nules.

La suspensión se aplica "con las excepciones habituales previstas en la legislación procesal", entre ellas las actuaciones urgentes del orden penal, los procedimientos de tutela de derechos fundamentales y los procedimientos de protección de menores, que no se verán afectados. Además, la norma incorpora una cláusula final que faculta al juez o tribunal para acordar la práctica de cuantas actuaciones judiciales resulten necesarias con el fin de "evitar perjuicios irreparables para los derechos de las personas afectadas".

Asimismo, los profesionales cuyo domicilio profesional o particular se encuentre en alguno de estos partidos judiciales podrán poner esta circunstancia en conocimiento del órgano judicial competente para solicitar, con carácter excepcional y de acuerdo con la legislación procesal, la suspensión de plazos o vistas cuando resulte procedente. De este modo, las personas afectadas "podrán centrarse en afrontar las consecuencias de la emergencia sin que ello repercuta en sus procedimientos judiciales".

Asimismo, el Gobierno subraya que el real decreto también permite a las personas y empresas afectadas por los incendios disponer de más tiempo para solicitar la declaración de concurso en caso de encontrarse en una situación de insolvencia. Y suspende temporalmente los plazos para reclamar derechos o iniciar determinadas actuaciones legales, "evitando así que las dificultades provocadas por los incendios perjudiquen a las personas afectadas".

El Ejecutivo asegura que ha adoptado estas medidas en coordinación con los operadores jurídicos y atendiendo a las peticiones trasladadas por el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE). Con ellas "se refuerza la protección de las personas afectadas, se garantiza la seguridad jurídica y se procura que las consecuencias de los incendios forestales no limiten el ejercicio de sus derechos ni el acceso a la Justicia".

Esta norma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y producirá efectos respecto de los incendios forestales ocurridos a partir del 23 de julio, concluye.