La dimisión de Santos Cerdán ha dejado más nervios que tranquilidad en el Ejecutivo. Dos ministros consultados por Servimedia consideran "necesario" que la Justicia "continúe haciendo su trabajo" y arrojando luz con las pesquisas realizadas por la UCO "para que la ciudadanía esté tranquila de que este es un Gobierno limpio", señalan.

Sin embargo, los dos ministros también se muestran preocupados por que Bruselas tome cartas en este asunto, tras señalar el informe de la UCO que algunas de las 13 adjudicaciones de obra pública, por 637 millones de euros, están asociadas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es decir a fondos europeos.

Así, la obra de mayor presupuesto en la relación de "contratos presuntamente amañados", según el informe de la UCO al que Servimedia ha tenido acceso, es una licitación de Adif Alta Velocidad para soterrar la red arterial ferroviaria de la ciudad de Murcia. Fue adjudicada por 158,8 millones de euros en 2019 a una unión temporal de empresas (UTE) formada por Acciona y Ferrovial y se financió con fondos comunitarios.

El mismo procedimiento sucedió con la segunda obra de mayor importe que señala la UCO, también adjudicada a esta UTE y que se trata de un tramo del Corredor Mediterráneo de alta velocidad Murcia-Almería adjudicado en 2019 por 121 millones de euros procedentes de los fondos europeos. En concreto, el comprendido entre las localidades de Pulpí y Vera.

Otro contrato que recoge el informe de la UCO fue el de las obras de ejecución del proyecto de construcción de la integración del ferrocarril en Sant Feliu de Llobregat (Barcelona). Se adjudicó por un importe inicial de 51,7 millones, que se modifica en 2022, ya con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su exasesor Koldo García fuera del Ministerio, hasta los 62 millones de euros. El contrato está financiado con fondos europeos, asociados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, según recoge la documentación de la licitación.

YA INVESTIGA UN CASO EN ESPAÑA

Si el juez del Tribunal Supremo que instruye el 'caso Koldo', Leopoldo Puente, probase el delito de malversación o de cohecho sobre licitaciones de obras públicas con fondos comunitarios, la Fiscalía Europea se vería obligada a actuar, aunque puede hacerlo antes de que lo haga la jurisdicción nacional, ya que se trata de una fiscalía independiente de los Estados miembros a cargo de la UE, según apuntaron fuentes jurídicas a Servimedia.

Este órgano comunitario tiene poder para investigar, procesar y enjuiciar los delitos contra el presupuesto de la UE como el fraude, superior a 10.000 euros, la corrupción, el blanqueo de capitales, la apropiación indebida o el fraude transfronterizo relativo al impuesto sobre el valor añadido superior a 10 millones de euros. Su personal actúa en interés de la UE en su conjunto y no debe pedir ni aceptar instrucciones de ninguna parte ajena, por lo que procedería a investigar estos hechos.

De hecho, y como ejemplo, la Fiscalía Europea ya investiga un caso que nada tiene que ver con el 'caso Koldo'. Así, este órgano abrió el pasado 9 de mayo una investigación a España por posible malversación de fondos comunitarios. En concreto, en el Barcelona Supercomputing Center donde se incautó de documentación sobre un proyecto que supera los ocho millones de euros de dinero público. Se trata de el primer ordenador cuántico de España que el Gobierno de Pedro Sánchez anunció el pasado febrero y que se financió en su fase inicial con los fondos Next Generation de la Unión Europea. Según publicó 'El Confidencial', agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional incautaron diversa documentación para tratar de aclarar el destino que se ha dado a ese dinero.

En el Gobierno temen que este caso pase a mayores, como sería la actuación de este órgano europeo, por la presunta malversación de fondos europeos, de cara a la imagen internacional de España. Ya este viernes, varios diarios internacionales como 'The Times', 'Financial Times' o 'Reuters' se hicieron eco de la dimisión de Cerdán y del 'caso Koldo'.