Según los datos de la Comisión Europea, el gasto de las Administraciones Públicas europeas equivale al 16% del PIB de la Unión Europea. Por consiguiente, si los poderes públicos eligen en sus compras mercancías y servicios que sean respetuosos con el medio ambiente contribuirán de manera significativa al desarrollo sostenible.

Según manifestó esta mañana la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, "a partir de ahora, todos usarán productos y materiales menos contaminantes, más fáciles de reciclar y de utilizar para contribuir a mejorar la conservación del medioambiente".

La Comisión tendrá como cometido la elaboración de un informe sobre el grado actual de criterios ambientales en la contratación realizada por la Administración General del Estado y sus organismos públicos.

Además, a través de un Plan Nacional de Contratación Pública Verde, "se incorporarán criteriosde protección medioambiental en la contratación pública".

Este Plan establecerá las directrices para la incorporación de los requerimientos ambientales en la contratación pública de bienes y servicios. Dichas directrices contemplarán también el diseño de acciones de información y formación del personal como sesiones formativas, guía de buenas prácticas, etcétera.