Según informó el Ministerio de Igualdad, este decreto también regulará el comité clínico que interviene en el supuesto de causas médicas en el proceso del aborto. Por ello, busca dotar de seguridad jurídica al funcionamiento de los comités clínicos.

El texto adapta el desarrollo reglamentario a los cambios introducidos por la norma que modifica la anterior ley del aborto y diferencia entre la información obligatoria, que deberá facilitarse en todos los casos de aborto, y la voluntaria, que solo se proporcionará a petición de la mujer embarazada.

Entre la información obligatoria que deberá facilitarse figuran la naturaleza de la intervención, los distintos métodos disponibles, los centros acreditados y los derechos durante el proceso asistencial. Además, el proyecto aclara que no podrá establecerse “preferencia, prevalencia o prioridad alguna” entre el aborto quirúrgico y el farmacológico, salvo por razones clínicas.

"NUNCA SERÁ REQUISITO"

El borrador del texto también establece que cuestiones como la anticoncepción, el sexo seguro, las ayudas públicas a embarazadas o los derechos laborales tendrán carácter voluntario y que su recepción “nunca será requisito” para acceder a la prestación del servicio.

Asimismo, el decreto aprobado refuerza las garantías para mujeres menores de 16 años, extranjeras y con discapacidad, y regula el funcionamiento de los comités clínicos que intervienen en los abortos por causas médicas.

En este sentido, incorpora el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en los comités clínicos que intervienen en los supuestos de IVE por causas médicas. Además, impide formar parte de estos órganos a quienes figuren o hayan figurado durante los tres últimos años en el registro de objetores de conciencia.

También establece que los dictámenes deberán comunicarse a las mujeres de forma “verdadera, comprensible y adecuada a sus necesidades”.