Así lo anunció este martes la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde fue aprobado el límite de gasto no financiero de 2023, el conocido como ‘techo de gasto’, que sirve como base sobre la que elaborar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023.

La transferencia a la Seguridad Social tiene el objetivo de que la administración central asuma gastos impropios de la Seguridad Social, siguiendo la recomendación de la Comisión del Pacto de Toledo sobre el sistema de pensiones.

El Ejecutivo mantiene sus previsiones de cerrar 2022 con un déficit público del 5% del PIB, tras el 6,8% de 2021, para posteriormente reducirlo al 3,9% en 2023, al 3,3% en 2024 y al 2,9% en 2025.

Por administración, del déficit del 3,9% del PIB previsto para 2023, 3,2 puntos serán para la administración central, que recorta dos décimas su margen respecto al Programa de Estabilidad, para aumentar del 0,1% al 0,3% la tasa de referencia de déficit para las comunidades autónomas. Por su parte, la tasa de referencia para la Seguridad Social se mantiene en un déficit del 0,5%, la misma que en 2022, mientras que en el caso de las corporaciones locales se reduce una décima su previsión de superávit, quedando en un 0,1% del PIB.

De cara a los próximos ejercicios, la previsión es que el déficit de la Seguridad Social se reduzca al 0,3% en 2024 y al 0,2% en 2025.