Así lo avanzó la ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, en una entrevista en Servimedia, donde argumentó que con las ayudas el Gobierno trata también de paliar “el incremento de la inflación y de los precios” derivado de la guerra en Ucrania, incrementando “en 400 euros las becas de los jóvenes que ya las recibían”.

El citado decreto de becas incluye dos novedades. Por un lado, el incremento de la cuantía de las becas de residencia en 900 euros, pasando de 1.600 a 2.500 euros, con lo que se beneficiarán 125.000 alumnos, principalmente de familias de la España rural.

A ello se añade el citado subsidio universal (para todos los alumnos con discapacidad, sea cual sea su renta) de 400 euros a las familias con estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo, entre las que se encuentran alumnos como discapacidad, altas capacidades, incorporación tardía al sistema educativo u otros condicionantes.

Los beneficiarios con discapacidad serán familias con alumnos con discapacidad a partir de los dos años y hasta las enseñanzas postobligatorias incluidas, siempre que cumplan los requisitos de los solicitantes de becas: tener una discapacidad superior al 33%, trastorno grave de la conducta, trastorno grave de la comunicación y el lenguaje o trastorno grave del espectro autista.

OBJETIVO

El objetivo de las becas, prosiguió, es que sean un “ascensor social” para que “ningún niño o joven tenga que abandonar su formación por cuestiones económicas” y “tengan las capacidades que tengan”.

La responsable de las políticas educativas del Ejecutivo remarcó asimismo que “quiere mejorar la posibilidad educativa de todos los niños, también de los que tienen alguna discapacidad” y desmontó “bulos” como el que apuntaba al cierre de los centros de educación especial cuando se estaba ultimando la nueva ley educativa, la Lomloe.

“No es cierto. Si no, estaríamos hablando de que se habrían cerrado centros educativos. Lo que sí pretende esta ley es que los alumnos con discapacidad puedan formarse en centros ordinarios si así lo desean”, aseguró, a la par que indicó que la educación de los niños con discapacidad tiene una partida de 36 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado (PGE).