Así se expresó Pérez Rey en la Comisión de Trabajo del Senado, donde respondió a una batería de preguntas orales planteadas por la senadora del PP María Teresa Mallada acerca de políticas de empleo de discapacidad y la regulación de los CEE.

El secretario de Estado señaló que es muy importante” abordar el tránsito del empleo protegido al ordinario, ya que “el objetivo debe ser la integración de las personas con discapacidad en las empresas ordinarias”, lo que debe ser un fin “irrenunciable” de todas las políticas laborales dirigidas a esta parte de la ciudadanía.

En este sentido, recordó que la reciente Ley Integral de Economía Social prevé un mecanismo para que las personas “vuelvan a las empresas de inserción cuando hay recaídas” y explicó que “este es un elemento que quizá podríamos explorar en otras figuras vinculadas al trabajo con discapacidad en los enclaves”. No obstante, dejó claro que el objetivo debe ser “la integración en el empleo ordinario”, con un “proceso de acompañamiento”, garantizando que los derechos de estas personas deben ser respetados “plenamente” en el empleo ordinario.

Asimismo, afirmó que la excedencia voluntaria “no es el mejor de los instrumentos para garantizar el retorno al empleo protegido cuando no va bien el ordinario”, dado que puede suponer una “carga excesiva” para los centros especiales de empleo y porque “no es una garantía a la hora de asegurar el mismo puesto de trabajo y en las mismas condiciones”.

“Tendremos que ver que esa integración en el empleo ordinario no sea un obstáculo para que las personas con discapacidad sigan trabajando”, abundó el ‘número dos’ de Yolanda Díaz en Trabajo. Ello, antes de incidir en que “hay que cambiar la regulación de los centros especiales de empleo” y apuntar que esto “ya está en marcha y, en pocas semanas”, el nuevo texto de esta regulación se publicará. En este sentido, puso en valor que la reforma de esta legislación se está haciendo de la mano de organizaciones como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

CUOTA DE RESERVA

Por otra parte, Pérez Rey subrayó la apuesta del Gobierno por que las empresas cumplan con la reserva del 2% de puestos de trabajo para personas con discapacidad, aunque reconoció que pueden ser necesarias las alternativas que se ofrecen en los casos en los que no se respetan estos mínimos. “La clave no es establecer un mecanismo tan sofisticado como los enclaves laborales, que ralla en algunas ocasiones en la cesión de trabajadores, sino que hay que remover los obstáculos para que las empresas ordinarias puedan cumplir adecuadamente con la cuota de reserva”, arguyó el secretario de Estado.

En su intervención, enumeró diferentes políticas en materia de empleo y discapacidad adoptadas durante los últimos años y citó el caso expreso del “compromiso” con las personas con capacidad intelectual límite, así como en el impulso a la sensibilización de las empresas sobre la contratación de personas con discapacidad.

Igualmente, dijo que no solo se deben instaurar incentivos a través “del dinero”, sino que también se debe hacer entender que el empleo es un derecho, reforzando la labor de la Inspección de Trabajo en los casos en los que no se respeta la normativa.

A todo ello, la diputada María Teresa Mallada respondió agradeciendo la información aportada por Pérez Rey, aunque sentenció que “falta trabajo” en estas materias para avanzar a mayor velocidad y reclamó medidas concretas.