Así lo dijo ante los medios de comunicación, junto a la delegada del Gobierno Contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, antes de presidir el comité de crisis del Ministerio de Igualdad para analizar los cinco casos de mujeres y los de dos menores asesinados por violencia de género durante el pasado mes de febrero.

Redondo sostuvo que los maltratadores reincidentes no pueden “en ningún caso” realizar acciones en favor de la comunidad y son medidas que “no pueden aplicarse como pena alternativa” a esos agresores porque se debe hacer un “seguimiento muy particular de todos ellos cuando son puestos en libertad”.

Asimismo, insistió en su preocupación por la reincidencia, ya que algunos de los últimos asesinatos confirmados en España por violencia machista han sido perpetrados presuntamente por hombres reincidentes en estos delitos. La ministra dijo que hay una “reincidencia en torno al 20%”, que es “muy elevada” en delitos de este tipo.

En cuanto a una posible revisión de las penas de los agresores o que los requisitos para su puesta en libertad sean más duros, Redondo defendió que, pese a la difícil coyuntura política actual, deben llevarse “al máximo lo que permite la ley” utilizando plenamente el Código Penal vigente.

Sostuvo que es necesario evaluar las medidas existentes, aplicarlas con la mayor contundencia posible y coordinarse con fiscalías, jueces y abogados para que las penas actuales se apliquen en su límite más alto, ya que considera que la “ley que tenemos es buena” y permite actuar con firmeza sin necesidad de modificarla ahora. Redondo insistió en su petición a los jueces de que apliquen la ley “con todo el rigor”.

Igualmente, la ministra reivindicó el trabajo que se hace desde el sistema VioGén porque “salva vidas a diario”, pero exigió más coordinación entre instituciones contra esta lacra. Además, subrayó que hay “más de 100.000 potenciales agresores monitorizados” en dicho sistema.

En este sentido, la ministra también pidió que las comunidades autónomas se impliquen más en los planes y fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y reclamó también más concienciación y unión social contra esta violencia al definirla como “terrorismo” contra las mujeres: “Si la sociedad española fue capaz de unirse frente al terrorismo de ETA, ahora necesitamos que se una, y las instituciones, frente al terrorismo machista”.

En cuanto al contexto político actual y los posibles pactos autonómicos PP-Vox que se están negociando, Ana Redondo expresó su preocupación por lo que pase con los “derechos de las mujeres, su libertad y la violencia de género” porque Vox es una fuerza “negacionista de la violencia de género” y cuestionó si dichos derechos serán una “moneda de cambio” en los posibles acuerdos.

Además, dijo que antes existía un “enorme consenso” en la lucha contra la violencia machista que “se está quebrando” en las comunidades con gobiernos PP-Vox y, por ello, pidió que esos pactos dejen “completamente al margen” las políticas contra la violencia de género.

Por otro lado, la ministra lamentó el auge de los discursos de odio y machistas contra las mujeres que se propagan en redes sociales porque alimentan un clima “peligroso” y provocan más violencia: “Es un continuo entre la violencia online y la violencia real”.

Finalmente, Ana Redondo incidió en la necesidad de que se incorporen más municipios en el Sistema VioGén, ya que las policías locales permiten “el seguimiento y la monitorización” de agresores reincidentes cuando quedan en libertad. Concretamente, señaló que están integrados en el sistema el 80% de los municipios con más de 5.000 habitantes.