Así se especifica en una orden de la Consejería de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco recogida por Servimedia, donde se explica que las ayudas ascienden a 6.600 euros anuales por beneficiario, que se abonarán a razón de 550 euros mensuales durante el año 2026, con un presupuesto total de 264.000 euros.

Los criterios de valoración establecen que tener el nivel C1 de euskera otorga 15 puntos, mientras que el B2 concede 10 puntos y el B1 suma 5 puntos. Esta puntuación se acerca a los 15 puntos que se obtienen por tener una nota media entre 6 y 6,99 en el expediente académico.

La situación económica es el criterio que más puntúa, pudiendo alcanzar hasta 45 puntos según los ingresos familiares y per cápita. El expediente académico puede sumar hasta 35 puntos, otorgando la máxima puntuación a quienes tengan una nota media entre 9 y matrícula de honor.

REQUISITOS DE ACCESO

Entre los requisitos para acceder a estas ayudas destaca estar empadronado y tener residencia efectiva en Euskadi al menos cinco años de los últimos siete, así como poseer la licenciatura o grado en Derecho.

Los solicitantes deberán estudiar bajo la dirección de un centro especializado o preparador que pertenezca a la Carrera Judicial, Fiscal o al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.

También se exige no percibir retribuciones por actividad laboral que exceda media jornada ni estar disfrutando de otra beca con la misma finalidad. Los ingresos propios no pueden superar los 20.000 euros netos anuales.

Las becas tendrán una duración de un año natural, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2026, aunque finalizarán si el beneficiario supera el proceso selectivo durante ese periodo.

Se podrán solicitar durante tres años consecutivos o alternos. Si quedan plazas vacantes, podrán optar a un cuarto año quienes ya hayan disfrutado del máximo de tres anualidades.

CONTROL Y SEGUIMIENTO

Los beneficiarios deberán presentar cada cuatrimestre una memoria justificativa de las actividades realizadas, junto con un certificado de aprovechamiento del preparador y las facturas correspondientes.

El incumplimiento de las condiciones establecidas o la interrupción de la preparación supondrá el reintegro total o parcial de las cantidades percibidas, según determine la Dirección de Administración de Justicia.

Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente por vía electrónica en el plazo de un mes desde la publicación de la convocatoria. La resolución se dictará en un máximo de seis meses.

La Comisión de Evaluación, formada por representantes del ámbito judicial y académico, valorará las solicitudes y elaborará la propuesta de resolución que elevará al viceconsejero de Justicia para su aprobación definitiva.