Así se pronunció la consejera en el pleno en respuesta al parlamentario popular Javier de Andrés, quien le preguntó si iban a "cambiar la política penitenciaria" o si seguirían "regalando los terceros grados para satisfacer a Bildu, su socio parlamentario". Y es que el también presidente de los populares vascos denunció con dureza que el departamento que dirige San José "miente" cuando asegura que cumple la ley, criticando al respecto que el 85% de estos beneficios vayan al 8% de la población penitenciaria, "que casualmente son los presos de ETA". Asimismo, le recordó que los tribunales han sentenciado "reiteradamente" que "incumplen los criterios" para su concesión, como en el caso de la exdirigente etarra Soledad Iparraguirre (‘Anboto’), quien, apuntó, "no está arrepentida ni colabora con la Justicia".

De hecho, también afeó al Ejecutivo vasco que "hasta en 21 ocasiones" han reiterado la autorización de excarcelaciones pese a que la Justicia las había revocado con anterioridad, como ocurrió con uno de los últimos casos, el de Xabier Zabalo Beitia. "Ahí, a ver si conseguimos soltar a otro criminal; a ver si esta vez lo colamos", dijo serio De Andrés.

Pese a esto, la consejera reiteró de forma tajante y breve que todos los casos se han producido "estrictamente dentro de la legalidad vigente" y con los "mecanismos previstos en la normativa penitenciaria para cualquier persona interna".

Una respuesta que no convenció al parlamentario popular, quien sugirió a la consejera que dimitiera. Y lo hizo avisándole de que "la banda que dirige el presidente del Gobierno" le ha encomendado "el papel más sórdido, repugnante y más corrupto de todos": "Ir soltando a miembros de una banda terrorista para que otros miembros de la banda que dirige Pedro Sánchez sigan trincando". Es por ello que insistió en sugerirle que dimitiera: "No merece la pena".

Tras esto, la consejera, más enfadada que en su primera intervención, recordó al popular los pactos con los nacionalistas catalanes de José María Aznar en 1996 "para poder gobernar" y que se tradujeron en el indulto a miembros de Terra Lliure. E insistió en que su departamento y el Ejecutivo vasco mantendrán esta política penitenciaria sin buscar "atajos" por "la puerta de atrás", reiterando que seguirán "cumpliendo la ley y aplicando las normas penitenciarias" con respeto a las posteriores decisiones de los tribunales.

Porque, según aseguró, "el 90% de las personas presas de la banda terrorista ETA están solicitando la aplicación de la ley de legislación penitenciaria española", algo que supone que asumen "de forma voluntaria el daño que causaron" y que están "reconociendo el error de su actuación". "Hoy eso es una realidad", zanjó, incidiendo en que seguirían "trabajando con la ley en la mano" para "procurar su reinserción".