Ante la exigencia que le cursó por escrito el pasado 30 de octubre el secretario de Estado de Educación, Julio Iglesias de Ussel, el Gobierno vasco se reafirma en su tesis de que esa orden "no infringe la Constitución ni ninguna otra norma jurídica".

Según señaló en un comunicado, el Ejecutivo de Vitoria recuerda que los distintos diccionarios de la Lengua Española permiten el uso del término "inmigrante" para referirse a alumnos de otras comunidades autónomas. También señala que otra regiones, incluso algunas gobernadas por el PP, emplean este vocablo de forma análogo en sus informes estadísticos.

Por eso, cree que las instrucciones que dictó el 29 de septiembre sobre regularización de la escolarización del alumnado inmigrante "no merecen reproche alguno".

"Otra cosa", subraya la nota, "es que con una finalidad política, a juicio del Gobierno vasco inaceptable, se quiera dar al término inmigrante una connotación negativa, lo cual sólo puede provenir de quien abrigue, consciete o inconscientemente, un prejuicio contra la equiparación de los alumnos hijos de españoles con los alumnos hijos de extranjeros que han tenido que emigrar de sus país por diferentes razones".