Así lo ha denunciado el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), que confirma que la Consejería de Justicia y Derechos Humanos del Ejecutivo vasco les informó de estos nuevos beneficios penitenciarios, los cuales llegan apenas una semana después de que se les concediesen a María Soledad Iparraguirre ('Anboto') y a Juan Ramón Carasatorre, los cuales fueron anulados un día después por el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, quien cuestionó estas excarcelaciones y reclamó una revisión y una reforma del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

En concreto, Covite denuncia que vuelven a producirse terceros grados "fraudulentos" a presos de la banda terrorista, subrayando que suponen "una nueva muestra de la amnistía encubierta» que lleva a cabo el Gobierno autonómico. Al mismo tiempo, denuncian que está "facilitando regímenes de semilibertad a condenados por delitos gravísimos" de terrorismo "sin exigirles un arrepentimiento real, público, verificable y acompañado de hechos objetivos".

Sobre todo, ponen el acento en el caso de ‘Gadafi’, que consideran "especialmente grave". Covite recuerda que a este etarra, "condenado por numerosos crímenes" ya se le concedió un tercer grado hace menos de un año, una decisión que fue recurrida por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y posteriormente revocada por el juez de Vigilancia Penitenciaria. "A pesar de ello, el Gobierno vasco ha vuelto a concederle ahora el tercer grado", apuntan mientras apuntan que esto demuestra que no no se trata de "errores aislados, sino ante una política deliberada que sigue las instrucciones de Sortu". "El Gobierno vasco insiste en forzar la legalidad para conceder semilibertades a presos de ETA a pesar de que los tribunales ya le hayan advertido de que no debería hacerlo así», señala al respecto su presidenta, Consuelo Ordóñez.

Mientras, Gogeaskoetxea fue condenado, entre otros, por el asesinato de Txema Aguirre, el ertzaina que frustró el atentado contra el Rey Juan Carlos durante la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao el 18 de octubre de 1997. Por ello, reclaman a reclama a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que recurra ambos terceros grados y ejerza "con firmeza su función de defensa del derecho de las víctimas a la justicia".