En un auto hecho público hoy, Garzón argumenta que durante la instrucción del "caso Oñaederra", y como consecuencia de la desclasificación de los papeles del CESID, así como de la declaración de algunas persona como Ricardo García Damborenea, han aparecido "nuevos datos" que, "directa o indirectamente", están referidos a Felipe González.

En concreto, Garzón se refiere al documento titulado "Acciones en Francia" (6 de julio de 1983), donde se plantea la lucha armada contra ETA y se anaizan los pros y contras de la misma; así como que se refiere a acciones que realizará el GAL en el sur de Francia (28 de septiembre de 1983).

Por esta razón, agrega que "debe establecerse en forma definitiva, a la vista del material disponible, si se infiere o se acredita la eventual implicación del entonces presidente del Goiberno español, o por el contrario éste es ajeno a toda la trama delictiva que se pone en marcha entre julio y septiembre de 1983, desde el seno de las instituciones del Estado". Para Garzón, la determinación del alcance de los documentos desclasificados por el Gobierno resulta "imprescindible" para fijar el marco definitivo del "caso Oñaederra", el cual no puede avanzar "hata tanto no se fije el límite de la responsabilidad desde arriba. Es decir, si existen o no personas aforadas que puedan resultar afectadas".

Según Garzón, a mediados de 1983, altos responsables del Ministerio del Interior deciden tomar medidas contra ETA, dada la virulencia de sus acciones terroristas,y el entonces ministro del Interior convoca a una serie de responsables políticos y policiales, para hablar del asunto.

"Tras estas reuniones se llega a la conclusión de la necesidad de la intervención directa contra ETA, y que la decisión de iniciar cualquier tipo de acción ha de ser tomada por quien corresponda, es decir, por el presidente del Gobierno -testimonio de Ricardo García Damborenea-", dice Garzón.

GUERRA SUCIA

Para el juez de la Audiencia Nacional, esta conclusión coincide con la pasmada por el CESID en su informe sobre la denominada "guerra sucia" y el "diseño teórico de las acciones a desplegar" por los GAL.

Garzón investiga en el "caso Oñaederra" el asesinato de los presuntos etarras Ramón Oñaederra, Angel Gurmino y Vicente Perurena, así como el envío de cartas-bomba a personas del entorno de ETA y HB.

Por su parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, dirigida por Eduardo Fungairiño, ha anunciado que recurrirá la decisión de Garzón y ha emitido un escrito en el que pie que "no se dicte auto de procesamiento contra persona alguna, por no existir indicios de criminalidad racionales".

En concreto, la Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que las "espurias" declaraciones prestadas por Juan Alberto Perote, ex agente del CESID, en el "caso Oñaederra" fueron hechas con un "claro propósito exculpatorio, mientras que las realizadas por el ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán son "simples conjeturas" que no aportan datos "que hagan que su declaración se fiable".