El que fuera consejero del Gobierno madrileño y secretario general del PP regional es el principal acusado en un juicio que sienta en el banquillo a un total de 14 acusados entre los que hay seis exalcaldes del PP. Su declaración continuará el próximo 4 de junio. La Fiscalía pide para él seis años de prisión por los delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, fraude a las Administraciones Públicas y malversación.

En la sesión de este miércoles, Granados negó todas las acusaciones y se desvinculó del presunto amaño en las adjudicaciones municipales y del Gobierno regional. En ese sentido, negó haber dado instrucciones a los ayuntamientos gobernados por el PP en la Comunidad para que contrataran con Waiter Music, empresa propiedad de su amigo José Luis Huerta, fallecido en 2020.

El empresario reconoció en fase de instrucción que había organizado actos electorales del PP madrileño que no cobró directamente sino que, tal y como expuso el juez en su auto de procesamiento, después recibió adjudicaciones para la organización de fiestas en distintos municipios con “sobrecostes”.

Granados reconoció en el juico que tenía "buena relación personal" con el empresario aunque no llegaba a ser una “amistad” y negó haber dado órdenes a su sucesor al frente del Ayuntamiento de Valdemoro para que adjudicara la organización de festejos a Waiter Music.

Además, negó que Huerta le pidiera ayuda porque la venta de entradas para uno de los conciertos organizados por su empresa no iba bien y rechazó, igualmente, que ordenara una subvención para ese evento de la Fundación Arpegio de la Comunidad de Madrid por 139.200 euros.

En otro momento de su declaración aseguró que él no era el superior jerárquico de los consejeros del Gobierno madrileño ni de ningún funcionario y afirmó que “en la Comunidad de Madrid no se movía un clavo sin que lo dijera la presidenta y el vicepresidente”.