Las acciones judiciales se iniciaron después de que Greenpeace presentara una querella contra los directivos de la empresa Sociedad Minero y Metalúrgica de Peñarroya-España, S.A., como presuntos responsables de vertidos minerales en la bahía de Portman (Murcia).

La querella fue interpuesta en diciembre de 1987 y admitida a trámiteen enero de 1988. El procedimiento siguió su curso habitual hasta septiembre de 1989, fecha en la que el citado juzgado dictó un auto incoando procedimiento abreviado, que remitió al fiscal y a la acusación particular para que solicitasen la apertura del juicio oral o el sobreseimiento en el plazo de cinco días.

Es a partir de este momento, según Greenpeace, cuando comienzan las dilaciones. El ministerio fiscal tardó 2 meses y medio en presentar el escrito de acusación o sobreseimiento. En febrero de990 quedó paralizado el procedimiento, hasta que en junio del mismo año el ministerio público solicitó el sobreseimiento de la causa, que fue admitido por el juez.

El 1 de octubre de 1990 la Audiencia Provincial de Murcia revocó el auto de archivo, recurrido por Greenpeace, y ordenó al juez instructor la continuación del procedimiento con la apertura del juicio oral, pese a lo cual, según la organización ecologista.

Según explicó Xavier Pastor, se está registrando un gran retraso en el trámite de emplazamiento de los encausados, ya que desde el día 4 de febrero sólo han sido citados 3 de los 5.

Greenpeace asegura que la actividad minera a cielo abierto de Peñarroya ha destruido 50 kilómetros cuadrados de montaña y ha provocado el vertido de 50 millones de toneladas de residuos tóxicos en la bahía de Portman, anegando 8 kilómetros cuadrados de fondos marinos, en un periodo de 30 años (1957-1987).