Este acuerdo entre Groenlandia y Gibraltar ha vuelto a la actualidad coincidiendo con la ofensiva del presidente de EEUU, Donald Trump, contra la isla danesa, cuya propiedad demanda a este país europeo y respecto a la que no dice descartar una invasión militar.

Por lo que se refiere al pacto fiscal de la isla helada con el Peñón, se firmó en 2009 en París y se denominaba Acuerdo de Intercambio de Información Fiscal (TIEA, por sus siglas en inglés), que fue el decimotercero que suscribió el Peñón ese año.

Lo acordado permitía a las autoridades competentes de ambos territorios intercambiar datos sobre impuestos de renta, sociedades, dividendos y otros gravámenes previa solicitud justificada, y contemplaba exámenes fiscales transfronterizos. Groenlandia lo negoció en representación del Reino de Dinamarca en virtud de su Ley de Autogobierno.​

“GARANTÍAS” DE LONDRES

Sin embargo, este entendimiento entre Groenlandia y Gibraltar propició en su momento la queja del PP, en concreto del diputado José Ignacio Landaluce, que presentó una pregunta por escrito en 2011.

En la respuesta del Gobierno recogida por Servimedia, el entonces Gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero respondió que este memorándum fiscal se suscribió “dentro del marco de la OCDE, organización internacional sui generis, en la que interactúan Estados soberanos con otras entidades intraestatales, sin que esa realidad afecte al estatus que el Derecho Internacional les confiere”.

“Por tanto”, según el Ejecutivo, “dichos acuerdos en ningún modo constituyen tratados internacionales, por lo que es posible que los suscriban entre sí jurisdicciones que no son sujetos de Derecho Internacional”.

Asimismo, el Gabinete de Zapatero indicaba que, “tras mantener conversaciones tanto con el Reino Unido, como con los Servicios Jurídicos de la OCDE, acerca de la naturaleza, contenido y alcance de los acuerdos firmados por los Territorios Británicos de Ultramar, el Gobierno de España ha obtenido garantías de que su firma no implica modificación alguna del estatus jurídico de dichos territorios”.

Además, se añadía que “España favorece la suscripción de dichos acuerdos por su contribución en la lucha contra los paraísos fiscales, siempre y cuando, como sucede en este caso concreto, no se vean afectadas las posiciones de nuestro país en el contencioso de soberanía sobre Gibraltar”.