GRUA. LA NUEVA LEY QUIERE GARANTIZAR LOS BENEFICIOS A LAS EMPRESAS PRIVADAS QUE GESTIONAN LAS 'ZONAS AZULES', SEGUN AEA

MADRID
SERVIMEDIA

La reforma de la Ley de Seguridad Vial, que permite a la grúa llevarse un vehículo que ha sobrepasado el tiempo pagado de estacionamiento en un área restringida, oculta intereses económicos de las empresas privadas concesionarias de los parquímetros o la gestión de las 'zonas azules' de las ciudades, según manifestó hoy a Servimedia el diector general de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), Mario Arnaldo.

"Lo que se esconde detrás de esta reforma son intereses económicos de empresas privadas, que nada tienen que ver con la seguridad vial ni con la mejora de la circulación", aseguró.

Según un estudio de AEA elaborado el año pasado, todas las capitales de provincia españolas, excepto ocho, poseen ORA o similar. Las ciudades que aún no tenían aparcamiento regulado eran Burgos, Castellón, Guadalajara, Huelva, Pamplona, Sevilla, Truel y Toledo.

De las restantes capitales, todas salvo Madrid habían dejado en manos privadas la gestión de las zonas de aparcamiento restringido. Asimismo, cuentan con concesiones privadas para la regulación del aparcamiento localidades como Alcoy, Alcañiz, Barbastro, Calahorra, Cartagena, Castelldefels, Gavá, Gijón, Jerez, Linares, Osuna, Rentería, San Sadurní de Noia, Majadahonda, Sitges, Tarrasa y Vigo, entre otras.

Mario Arnaldo puso el ejemplo de Vigo: en 1989 este ayuntamiento firmó un conrato con FCC (la constructora de las hermanas Koplowitz) para la gestión de la ORA por un periodo de 10 años. En 1996 trascendió que las condiciones estipulaban que el municipio debería aportar fondos a la empresa privada si la recaudación no llegaba a unos mínimos y, como a partir de 1993 los ingresos cayeron en picado, al pasado año FCC exigió al Ayuntamiento de Vigo una indemnización de 162 millones de pesetas.

También se descubrió el año pasado que, según las cláusulas, si el consistorio decidía cncelar anticipadamente la concesión debería abonar una indemnización de 500 millones de pesetas.

"Vigo no es más que una muestra de lo que ha ocurrido, porque los responsables municipales contrataron mal y estaban garantizando en esos contratos unos beneficios que luego no se cumplían, y tenían que indemnizar", indicó Arnaldo.

"Entonces dijeron: como esto afecta a ayuntamientos de todos los colores políticos le vamos a decir a los legisladores, que también son de los partidos que han hecho esa piia, que modifiquen la ley y en lugar que sea el responsable de esa pifia -partidos y responsables municipales- el que lo pague, que lo pague el automovilista", concluyó.

(SERVIMEDIA)
28 Feb 1997
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