Así consta en uno de los documentos hechos públicos hoy por el Gobierno sobre la crisis migratoria de Ceuta del los pasados 30 y 31 de julio, concretamente en una nota de despacho que analizaba la sentencia del Supremo y las "consecuencias" de la misma para esta ciudad autónoma y la de Melilla.

Dos páginas en las que los agentes del Instituto Armado hacen un repaso de la sentencia nueve días después de haber sido dictada y 22 antes de la entrada masiva de migrantes a Ceuta. En este documento recuerdan que, a partir de esta sentencia, "toda persona interceptada en aguas de soberanía o jurisdicción española, así como aquellas que logren acceder al territorio nacional por vía marítima, no podrá ser objeto de rechazo en frontera".

Así, avisaban de que esta situación "previsiblemente incrementará la presión migratoria sobre ambas ciudades Autónomas, al consolidarse una diferencia de tratamiento entre quienes intentan acceder a través de las vallas fronterizas y quienes lo hacen por vía marítima". Así, avisaba de ese "efecto llamada hacia las entradas a nado", una modalidad que, puntualizaban los agentes, "ya presenta una elevada dificultad para su detección e interceptación temprana".

En esta línea, la Guardia Civil apuntaba que, desde la perspectiva de la "seguridad de la frontera", la sentencia "limita la capacidad de respuesta inmediata ante este tipo de accesos irregulares", además de que podría "favorecer una progresiva sustitución de los intentos de entrada por los pasos terrestres por modalidades marítimas, especialmente mediante entradas a nado desde zonas próximas a la frontera".

Es por ello que, ante ese "riesgo" que consideran "derivado de la doctrina jurisprudencial" del TS, propusieron un aumento de personal y medios. Entre ellos, reforzar el Servicio Marítimo Provincial de Ceuta, unidad encargada del dispositivo para prevención del "acceso de nadadores"; aumentar los efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) en Melilla, mediante comisiones de servicio, con el fin de mejorar las capacidades de detección y respuesta"; "potenciar los sistemas tecnológicos de detección temprana y vigilancia costera", y una modificación legislativa para que las devoluciones no tuviesen en cuanta si se entraba a nado.