Tal y como informó este viernes el Instituto Armado en un comunicado, los investigadores desplegaron un dispositivo por todo el país para la inspección y control de aprovechamientos de recursos hídricos, tanto de aguas superficiales como subterráneas, con el objetivo de proteger el Dominio Público Hidráulico y el medio ambiente. Así, la denominada operación 'Zahorí', desarrollada entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, permitió detectar casi un millar de infraestructuras irregulares. En ella participaron efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) y de unidades de Seguridad Ciudadana.

De ellas, añaden, el 60 % correspondía a pozos, el 24% a sondeos, el 4% a balsas, y el 12% restante a otras modalidades de captación ilegal, como derivaciones o trasvases artificiales.

Entre las operaciones llevadas a cabo destaca la bautizada como 'Subterra', en Huelva, desarrollada en el entorno del Parque Nacional de Doñana y su corona forestal. Allí, los agentes localizaron diversas infraestructuras ilegales de extracción y acumulación de agua. Como resultado, fueron investigadas ocho personas físicas y cinco jurídicas, esclareciéndose tres delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y dos delitos contra la ordenación del territorio.

Mientras, en Madrid se llevó a cabo la operación 'Bredo', concretamente en la localidad de Las Rozas, donde se descubrió un sondeo no autorizado por la Confederación Hidrográfica del Tajo y otro legal que contaba con un sistema de 'bypass' instalado de forma fraudulenta antes del contador volumétrico, evitando así el registro del caudal extraído.

Los informes periciales estiman que el valor del agua aprovechada ilícitamente desde el año 2002 podría ascender a más de 1,6 millones de euros. Dos personas han sido investigadas por su presunta implicación en delitos de usurpación de aguas, defraudación y estafa agravada, así como por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, encontrándose la investigación aún abierta.

En Murcia, los agentes también llevaron a cabo otra operación de este tipo, en este caso denominada 'Land Change'. Fue en el municipio de Mazarrón donde investigaron a dos personas por la puesta en regadío de más de 47 hectáreas de terreno catalogadas como de secano. La valoración pericial cifra el daño medioambiental ecosistémico ocasionado en más de 2,9 millones de euros, por lo que se les imputó un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Por último, en Córdoba, en el marco de la operación 'Captaqua', los efectivos detectaron pozos clandestinos destinados al regadío, así como captaciones legales manipuladas mediante otro sistema de 'bypass' instalado de forma fraudulenta antes del contador volumétrico. La actuación, en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, finalizó con la investigación a una persona física y una entidad jurídica.

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En total, la Guardia Civil logró detectar un total de 29 infracciones penales, siendo las más frecuentes los delitos de distracción de aguas de uso público (59%), los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (28%) y los delitos contra la ordenación del territorio (7%).

En este sentido, tramitaron 1.684 infracciones administrativas, de las que el 77% corresponden a vulneraciones de la normativa en materia de aguas. Además, los informes periciales valoran en más de 270 millones de euros los daños ocasionados al Dominio Público Hidráulico.