Según informaron en una rueda de prensa, este despliegue, desarrollado entre 2024 y 2025, tiene como objetivo la desarticulación de grupos criminales dedicados al tráfico ilícito de residuos en los cinco continentes.

La operación contó con la colaboración de más de 70 países y 20 organizaciones internacionales, arrojando un balance global de 337 personas detenidas. Durante la presentación, los responsables subrayaron que estas redes criminales, ahora desarticuladas casi en su totalidad, "no buscan contaminar por placer", sino maximizar beneficios económicos a través de "estructuras tipo mafia que operan bajo el paraguas de empresas legales".

El comandante de la Guardia Civil Pedro Garrido detalló el papel crucial de España en esta trama, actuando simultáneamente como país de "origen", "tránsito" y "destino de materiales ilícitos".

Durante esta operación, ha habido en total "23 investigaciones, 41 detenidos y la incautación de 77.000 kilogramos de residuos gestionados de forma irregular".

Además, se incautaron más de 5.400 kilogramos de gases refrigerantes, valorados en 250.000 euros, cuya retirada ha evitado la "emisión de 6.300 toneladas de dióxido de carbono", equivalente a que un vehículo recorra 25,7 millones de kilómetros.

Por otro lado, remarcaron que preocupa el auge del tráfico de "residuos textiles" y el uso de "incendios provocados en plantas de gestión a altas horas de la madrugada" para eliminar residuos de forma económica y fraudulenta.

En este sentido, las fronteras de La Jonquera e Irún, junto a los puertos de Barcelona, Valencia, Santander y Algeciras, se confirman como las principales vías de entrada y salida del tráfico ilícito.

Alfaro y el teniente coronel Mario Pellegrini destacaron que la operación ha permitido actualizar la "fotografía de inteligencia" del crimen organizado en la Unión Europea. De esta forma se ha detectado que lo más habitual son los casos de importación fraudulenta de aceite de palma virgen camuflado como biodiesel y el "tráfico de paneles solares" que son residuos reales "pero se introducen en África como productos de segunda mano".

El 95% de estas actividades se enmascaran en negocios lícitos, lo que dificulta su detección. No obstante, valoraron positivamente la nueva directiva de la Unión Europea de 2024, que tipifica específicamente el tráfico de gases refrigerantes y obliga a los Estados miembros a "endurecer las penas y armonizar sus códigos penales" para evitar la impunidad administrativa.

Finalmente, recordaron que el delito medioambiental ha pasado de ser una "amenaza emergente" en 2017 a una "prioridad criminal estabilizada", situada ya en el tercer o cuarto puesto del ranking de delitos globales, solo por detrás de las drogas o el tráfico de armas.

Los desafíos futuros requieren de una evolución constante, por lo que la cooperación internacional y la vigilancia de la trazabilidad en la cadena de gestión seguirán siendo herramientas clave para evitar la explotación del medio ambiente en beneficio del crimen organizado.