Dicha cláusula, recogida en el 'Acuerdo marco para una administración del siglo XXI', establecía que los 3,5 millones de empleados públicos recibirían una remuneración extra si el IPCA de septiembre subía más de un 6% con respecto a enero de 2022.

El INE confirmó ayer que esta cifra se ha superado –salvo que se produzca una revisión sin precedentes dentro de dos semanas–. Por ello, unas horas después de conocer el dato, la cartera dirigida por María Jesús Montero, a través de la secretaría de Estado de Función Pública, ratificó que se cumplían las condiciones para llevar a cabo esta subida salarial.

Ahora, el Consejo de Ministros debe aprobar la aplicación de este incremento para su posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esta será el último paso antes de que los empleados públicos vean reflejado el incremento salarial en sus nóminas.

Los sindicatos tienen esperanza de que el Gobierno dé luz verde a esta mejora retributiva extra en el próximo Consejo de Ministros, que se celebra el próximo martes, para que se refleje en las nóminas de octubre, como se acordó inicialmente.

Asimismo, celebraron esta subida salarial extra, que "mejora la capacidad de compra de 3,5 millones de trabajadores del sector público" y que supone "una buena noticia que viene a amortiguar y paliar los efectos de la inflación".

"El acuerdo marco continúa vivo y, confiamos en que va a seguir contribuyendo a mejorar las condiciones de trabajo de las y los empleados públicos, pues seguimos avanzando en otras mejoras del acuerdo marco, como son la jubilación parcial anticipada del personal funcionario, la clasificación profesional y la definición del carácter mínimo de los permisos y días adicionales de vacaciones definidos en el Estatuto Básico del Empleado Público. Muchas de estas mejoras están pendientes de su aplicación, a la espera de la investidura del próximo presidente del Gobierno de España", concluyeron.