La operación, denominada ‘Argamasa’, conlleva el inicio de comprobaciones inspectoras a 74 sociedades y 25 personas físicas vinculadas (socios, administradores y personas del entorno familiar). El dispositivo desplegado alcanza a locales situados en Andalucía (8), Aragón (4), Asturias (5), Baleares (3), Canarias (4), Cantabria (1), Castilla-La Mancha (1), Castilla y León (6), Cataluña (11), Extremadura (2), Galicia (8), Madrid (9), Murcia (1) y Comunidad Valenciana (8).

Según la Agencia Tributaria, hay una serie de indicios de existencia de economía sumergida en estos negocios que, sumados a la propia evolución experimentada en los últimos años en el ámbito de la construcción y las reformas, han llevado a fijar este sector como objetivo de la presente operación.

De hecho, en su Plan Anual de Control Tributario de 2023, ya avanzó que impulsaría ‘peinados’ fiscales con “un enfoque especial” a las actividades relacionadas con la construcción, rehabilitación y reformas de inmuebles.

Esta macroinspección ha puesto el foco en aquellas empresas con personas físicas asociadas que han experimentado “diversos casos de signos externos de riqueza que podrían constituir indicios de ocultación de ingresos, como el alquiler de cajas de seguridad y el uso de tarjetas personales de alto importe”.

Con las personaciones realizadas en los locales seleccionados, la Agencia Tributaria ha logrado acceder directamente a la documentación e información contable o auxiliar real existente, incluidos los sistemas informáticos de procesamiento de la información, “al objeto de confirmar y cuantificar el volumen de actividad no declarada por las empresas”.

“En alguna de las personaciones realizadas ayer, incluso, ya se ha detectado la existencia y utilización de ‘software’ de ocultación de ventas o ‘doble uso’. Las inspecciones, que se desarrollarán en los próximos meses a partir de esta obtención de pruebas inicial, analizarán toda la documentación obtenida”, avanzaron desde el fisco.

ESCASO PAGO CON TARJETAS

Las empresas afectadas por la operación ‘Argamasa’ son, fundamentalmente, sociedades dedicadas a la venta de materiales de construcción cuya facturación se ha incrementado en los últimos años, alcanzando en 2021 un importe cercano a los 280 millones de euros, según la Agencia Tributaria.

No obstante, estas empresas muestran unos márgenes netos “sensiblemente inferiores” a los del conjunto de su sector. En este sentido, desde el fisco explicaron que, más allá del ámbito del pequeño comercio, “que no es objeto de esta operación”, el sector de venta de materiales de construcción presenta ”unas especiales características en cuanto a su funcionamiento económico”, ya que se trata de un sector con escaso uso de pago a través de tarjetas, que representa menos de un 8% de sus ingresos.

Si bien esto no implica necesariamente un uso intensivo del efectivo, dado que se trata de un sector con gran volumen de operativa comercial con otros empresarios, esa particularidad del escaso uso del cobro con tarjetas, sumada a las también escasas imposiciones de efectivo en cuentas (menos de un 6% de la facturación) “merecen especial atención y un examen más exhaustivo sobre la correcta declaración de los ingresos”.

La operación ‘Argamasa’ ha sido coordinada por el Departamento de Inspección de la Agencia Tributaria, contando con la participación de más de 280 funcionarios del Área de Inspección, incluyendo personal de las Unidades de Auditoría Informática, y más de una veintena de funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia, así como con el apoyo de agentes policiales.