En un comunicado este sábado, Hatta Energy señaló que un cambio en las reglas de contratación para la importación, los llamados ‘holding certificate’, “mantiene a cinco buques en tránsito a la espera del visto bueno de Exolum, que impide la descarga de gasóleo y su distribución a estaciones de servicio”.

El operador denunció que la principal empresa almacenadora de hidrocarburos cambió las reglas de contratación este año “de manera unilateral y sin consultar a las partes, lo que dejó a operadores como Hatta Energy sin posibilidad alguna de negociación y de admisión de objeciones”.

Hatta advirtió de que este cambio contractual de Exolum “perjudica fundamentalmente a los pequeños operadores y, por extensión, a las gasolineras no abanderadas”. Denunció que se trata de “otra limitación artificial más a la libre competencia” y a la llegada de combustible que no procede del estrecho de Ormuz y que “podría ayudar a paliar la escala de precios debido a la guerra de Irán”.

Hatta aseguró que ha intentado solventar el problema de los términos de contratación con Exolum sin éxito por el momento y que es el proveedor principal de estaciones de servicio no abanderadas, que representan aproximadamente el 40% de las gasolineras existentes en el territorio nacional. De esta manera, señaló que cualquier paralización, restricción o debilitamiento de su operativa “puede generar riesgos reales de desabastecimiento o, cuando menos, tensiones significativas en el suministro”, máxime en el momento actual.

Hatta indicó que su expediente sigue sin resolución por parte de los responsables de la Agencia Tributaria en Galicia, a pesar de que aseguró que cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa. Esto llevó a la energética a considerar que el Gobierno central “está, de facto, impidiendo la libre competencia en el sector de los hidrocarburos, perjudicando así a empresas que cumplen con los requisitos establecidos en la ley”. Mientras no se otorgue ese reconocimiento, el Estado impone un régimen de garantías del 110% del IVA. Ello, unido al carácter no automático del reconocimiento y al silencio administrativo negativo, puede producir efectos restrictivos incompatibles con el Derecho de la Unión Europea.