Según informó este lunes esta asociación, esta ampliación de querella ha sido presentada ante el Tribunal de Instancia de Madrid, que debe decidir si abre una investigación por prevaricación, esto es, por adoptar a sabiendas una decisión injusta. El texto aporta seis documentos nuevos y se opone al archivo que pidió la defensa de la querellada el pasado 23 de julio.

La primera versión de la instrucción referida a la Ley de Memoria Democrática, de nueve páginas, se firmó el 20 de octubre de 2022 y llegó a los registros civiles. La segunda, de dieciocho, se firmó el día 25 y fue la publicada en el Boletín Oficial del Estado. Entre ambas no se tocó la ley que desarrollaban, subraya el escrito, ni se pidió informe alguno que justificara el cambio.

El cambio afectó justo al punto que el Supremo ha suspendido de forma provisional. La primera versión amparaba solo a hijos y nietos de exiliados; la segunda añadió a los nacidos fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela originariamente españoles. De ahí, sostiene Hazte Oír, han salido más de medio millón de concesiones de nacionalidad.

“SE CEÑIRÁ SIEMPRE”

El escrito de la asociación denunciante reconstruye la reunión del 20 de octubre con asociaciones de la emigración. Según la crónica que aporta, el Ministerio dijo allí que “no corresponde” incluir a ese grupo y prometió que la instrucción “se ceñirá siempre al texto de la ley que ha sido aprobada el 5 de octubre de 2022 en el Senado”. Cinco días después, ese supuesto entró en el texto publicado.

Los beneficiados lo celebraron por escrito el día mismo de la publicación: “Cuando se quiere, se puede, y cuando se presiona sin quedarse de brazos cruzados, aun cuando técnicos dicen que no, se puede recurrir a la decisión política”. Su portavoz explicó después que tuvieron que presionar a los responsables políticos y remató: “Primó por suerte la decisión política”.

La ampliación se apoya sobre todo en la decisión que el Tribunal Supremo adoptó el 10 de septiembre. Los magistrados afirman que la lectura de la ley contenida en la instrucción “no parece ajustarse, tampoco, al contenido de la propia norma legal que interpreta”, y advierten de un peligro “real y serio” para la transparencia del proceso electoral.

Las cifras que maneja el escrito son oficiales: el censo de españoles residentes fuera alcanzaba el 1 de agosto los 2.747.688 electores, con un aumento de 408.262 desde 2023. La acusación pide ahora que el Ministerio aporte la instrucción de octubre con sus archivos originales y que declaren quienes participaron en aquellas reuniones.