A través de un comunicado, esta asociación informó de que interpondrá este recurso en cuanto la regularización sea publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Para esta entidad, la regularización proyectada responde a una finalidad electoralista destinada a alterar, por vía administrativa y de manera acelerada, la composición del cuerpo social con capacidad de influir en procesos electorales.

Sostiene que se trata de una medida orientada a modificar el equilibrio del electorado, lo que resulta incompatible con los principios de neutralidad institucional, interdicción de la arbitrariedad y sometimiento pleno a la ley, en términos estrictamente jurídicos.

Considera que el PSOE pretende convertir una decisión de enorme trascendencia política y social en un instrumento de ventaja partidista, en la práctica, una "compra de voluntades" mediante la utilización del poder reglamentario y de la acción administrativa.

No obstante, los extranjeros en situación regular en España únicamente pueden votar en las elecciones municipales, siempre que haya convenio de reciprocidad con sus países de origen. Para votar en los demás comicios es necesario tener la nacionalidad española.

COMPRA DE VOLUNTADES

"No estamos ante una política pública ordinaria, sino ante un intento de condicionar el escenario electoral mediante una regularización masiva y oportunista", señalaron desde Hazte Oír.

La entidad subrayó que la adopción de una medida de este alcance exige justificación reforzada, motivación rigurosa y respeto estricto a los principios constitucionales, por lo que acudirá al Tribunal Supremo al concurrir un evidente interés público en evitar que una actuación presuntamente arbitraria produzca efectos irreversibles.

Conforme a los plazos legales, la asociación recordó que el recurso contencioso-administrativo podrá interponerse en el plazo de dos meses desde la publicación en el BOE y que la impugnación se formulará ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal.

RESPUESTA JURÍDICA INMEDIATA

Hazte Oír concluyó que "las instituciones no pueden utilizarse para fabricar mayorías electorales ni para manipular la composición del electorado". "Si el Gobierno cruza esa línea, habrá respuesta jurídica inmediata", remarcó.

La regularización extraordinaria fue aprobada este martes por el Consejo de Ministros y permitirá reconocer legalmente a en torno medio millón de personas que se encuentran en España, fruto de un acuerdo entre el PSOE y Podemos que retoma el mandato de la iniciativa legislativa popular que se encuentra paralizada en el Congreso tras ser tomada en consideración y respaldada por 700.000 firmas.

La medida beneficiará a todas las personas que estuvieran en España antes del 31 de diciembre de 2025, que no tengan antecedentes penales y que puedan demostrar al menos cinco meses de residencia en el país.