Además, ambos partidos nacionalistas aseguran que el Ejecutivo no puede imponer una reforma de un asunto cuya competencia corresponde a las comunidades autónomas.

El diputado de CiU Jordi Jové dijo a Servimedia que "estamos sorprendidos" por la pretensión del Gobierno, de la que dijo que "no tiene sentido" porque "rompe con el equilibrio actual entre grandes y pequeñas superficies y puede provocar pérdidas de puestos de trabajo en los pequeños comerciantes".

"No entendemos la vía del dcreto para algo que no es urgente ni necesario, pero como tienen mayoría absoluta pueden hacerlo", lamentó Jové, quien calificó de "contrasentido" que el PP quiera imponer unos horarios a nivel nacional cuando no lo ha hecho en las comunidades autónomas en las que gobierna.

Por su parte, el portavoz de Economía del PNV en el Congreso de los Diputados, Pedro Azpiazu, pidió al Gobierno del PP que, "ya que hablan tanto de consenso", antes de sacar un decreto lo negocien con los interlocutores del sector omercial y con las comunidades autónomas.

"Es una especie de inicio del 'decretazo' porque sí, porque la urgencia con la que ha surgido no me parece muy acertada", insistió el portavoz peneuvista, antes de asegurar que la pretensión del Gobierno "también vulnera el tema competencial, ya que la fijación de horarios comerciales depende de las comunidades autónomas".

"No es defendible sacar un decreto con carácter general para todas la comunidades puesto que cada una tiene sus prioridades", dijo Azpazu, quien citó el ejemplo de las islas Baleares, donde, a su juicio, será más provechoso abrir en verano, coincidiendo con la temporada turística, que en invierno.

Finalmente, pidió al Ejecutivo que, si continúa con su propuesta, la consensúe antes con el sector de los comerciantes y con las comunidades autónomas.