Así, la idea es que iniciativa parlamentaria pase esta semana la última fase antes de poder ser debatida y votada en el Pleno del Congreso. Junts presentó esta proposición de ley en marzo del 2024 y la toma en consideración de la misma fue aprobada en septiembre de ese mismo año, gracias al apoyo de partidos como PP, PSOE, Vox y PNV.

Sin embargo, tras ello se abrió un periodo de enmiendas que se fue prorrogando en múltiples ocasiones hasta febrero, cuando la ley acabó guardada en un cajón. Meses después, el Congreso decidió desbloquearla el mismo día de noviembre en el que Junts anunció la presentación de enmiendas a la totalidad a todas las leyes impulsadas por el Gobierno.

Esta semana, la ponencia constituida para abordar el trámite de esta norma se reunió a puerta cerrada en el Congreso y PP, PSOE y Junts encarrilaron su tramitación. En concreto, los populares transaccionaron con los de Carles Puigdemont 4 enmiendas, y los socialistas hicieron lo propio con dos.

En esa reunión, el informe contó con el apoyo del PP, PSOE y Junts, y Vox y PNV facilitaron su tramitación. Por su parte, EH Bildu y Podemos mostraron su rechazo y grupos como Sumar y ERC prefirieron reservarse su voto. De cara a la reunión del miércoles, quedan temas pendientes por aclarar antes de cerrar el dictamen.

PRIMER PLENO

Si finalmente se cumple con el trámite, esta proposición de ley se debatirá durante el primer Pleno tras el parón navideño. Si sale adelante, Junts materializará una reivindicación que lleva meses reclamando y, con ello, conseguirá que el Gobierno cumpla con uno de los acuerdos alcanzados y que estaba “incumpliendo”.

En esto quisieron incidir fuentes de Junts para dejar claro que no se trata de un acuerdo nuevo con el PSOE, sino que, de aprobarse esta ley, se cumpliría uno de los acuerdos de esa “larga lista” de pactos elaborada entre ambas formaciones, que contiene, entre otras reclamaciones, la aplicación íntegra de la amnistía y la oficialización del catalán en Europa.

El objetivo de la iniciativa es reformar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal para aumentar la respuesta penal a la multirreincidencia. Entre las propuestas del texto original se encuentra que las penas no dependan del montante acumulado de las infracciones, que se encuentra en 400 euros.

A su vez, se propone modificar el artículo 235 del Código Penal para añadir penas de prisión de uno a tres años por el robo de móviles u otros dispositivos electrónicos. Además, para que estos y otros aspectos se lleven a cabo, Junts quiere que el número de jueces de adscripción territorial en Cataluña pase de 35 a 70.