Según explicó a Servimedia el presidente de la Mesa, Carlos González, ante la dificultad de que una empresa privada entre en el capital de Huarte, es necesario que el ICO (Instituto de Crédito Oficial) conceda el crédito de 15.000 millones de pesetas que la constructora necesita y la banca no se oponga a la creación de la junta, ya que los proveedores consideran que los gestoresde Huarte son "excelentes profesionales".

A su juicio, el Gobierno debe intervenir para asegurar los puestos de trabajo directos e indirectos amenazados por la crisis de la empresa. La creación de la junta gestora conllevaría la salida de Constructora San José del accionariado de Huarte, con la devolución de la inversión que realizó, 2.500 millones de pesetas.

Por su parte, la banca acreedora debería contribuir capitalizando su deuda y con una aportación máxima en nuevos créditos de 4.000 millone de pesetas. Los proveedores también estarían dispuestos a que de entre un 25 al 30% de sus deudas, estimadas en 36.000 millones de pesetas, se capitalizasen, con lo cual también controlarían a la junta gestora.

González consideró que con su propuesta en cinco años la empresa estarí en condiciones de devolver los créditos recibidos. La Mesa ha escrito cartas con esta propuesta al Ministerio de Economía y Hacienda, la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), la Comisión Nacional del Mercado deValores (CNMV), el ICO, la Asociación Española de Banca (AEB), al Ministerio de Trabajo, el presidente del Gobierno en funciones, Felipe González, y al vicesecretario del PP, Rodrigo Rato.

En su razonamiento, los subcontratistas piden al Gobierno que no cometa el mismo error que con PSV, es decir, desentenderse del problema y finalmente contribuir financieramente a solucionarlo, porque le costaría más caro.

Carlos González explicó que si Huarte va a la quiebra, le supondría al Estado cerca de 50.00 millones de pesetas. De esta cantidad, 7.000 millones serían del IVA que las empresas auxiliares dejarían de abonar al ser impagados de Huarte. Al menos otros 15.000 millones provendrían de compensaciones del Fondo de Garantía Salarial por los empleos perdidos y otros 12.000 en menos impuestos percibidos por el Estado.

El presidente de la Mesa Nacional de Subcontratistas de Obras dijo con ironía que también a las grandes constructoras "les puede beneficiar financieramente poner dinero" para salvar uarte, ya que de esta forma eliminarían la desconfianza que tienen sus proveedores cuando les retrasan los pagos hasta 210 días.