Así lo concluye el estudio ‘Violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes en el ámbito digital’ publicado por el Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género y realizado por la Asociación de Mujeres Juristas Themis. Entre otros resultados, el estudio destaca la inexistencia de un concepto único y universal de ‘violencia digital’ dificultando, entre otras cuestiones, su regulación penal.

En cuanto a la citada IA, por ejemplo, se ha de tener en cuenta que, debido a su funcionamiento de aprendizaje, puede replicar sesgos, discriminación y vulnerar derechos que lleguen a afectar a las decisiones que se tomen, de manera injusta, en áreas como la contratación, la justicia penal y el acceso a servicios.

El estudio pretende analizar las peculiaridades de la violencia digital ejercida sobre las mujeres y los menores de edad, examinar su impacto, así como las posibles carencias legales y el marco normativo existente. En él, se destaca que la violencia digital es un fenómeno en constante evolución que requiere de una respuesta “integral, normativa, educativa y tecnológica” para proteger a mujeres y menores. El objetivo final es reducir riesgos y garantizar un entorno digital “seguro y respetuoso”.

El trabajo se divide en tres grandes bloques. El primero busca un acercamiento a la realidad de la violencia digital, el segundo pone el foco en los menores de edad, y el último se centra en el marco legislativo. Así, refleja las desigualdades de género perpetuando los roles de género y las estructuras patriarcales. Las investigaciones de la ONU arrojan que más del 73% de las mujeres fueron expuestas o experimentaron algún tipo de violencia en internet y el 90% de las víctimas de distribución de imágenes íntimas de contenido sexual sin consentimiento son mujeres.

Además, la exposición temprana a contenidos pornográficos y violentos, junto con la falta de regulación específica, contribuyen a normalizar conductas dañinas y a afectar la salud emocional y física de menores. Otro factor que subraya el informe es el papel clave de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la lucha feminista.

Estas herramientas se convirtieron en un recurso “importante” para organizar la acción colectiva, dar visibilidad a los discursos de concienciación y reivindicación y aumentar la capacidad de convocatoria. Además, hace referencia a que la respuesta legal en España avanzó con reformas que tipifican delitos específicos como el 'grooming', 'sexting', acoso, difusión de pornografía infantil y delitos relacionados con la trata y explotación sexual, incluyendo aspectos tecnológicos.

Con todo, uno de los obstáculos en la lucha contra la violencia digital que sigue afectando a mujeres y menores es la “alta de formación especializada” desde la perspectiva de género en el ámbito de la ciberdelincuencia, del mismo modo que la insuficiencia de recursos.

Como propuestas de mejora, el informe sugiere que se defina la violencia digital, además de crear protocolos unificados, fortalecer la cooperación internacional, y tipificar nuevos delitos relacionados con la identidad digital y la manipulación mediante IA. El informe fue financiado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género.