En el escrito de calificaciones que remitirá a la titular del Juzgado de Instrucción Número 21 de Madrid, Maria Paz Redondo, que ayer dictó un auto en el que achaca a Rubio un delito de tráfico de influencias, la acción popular pedirá también un total de 31 años y 9 meses de cárcel para el ex presidente del Banco Ibercorp Manuel de la Concha y para su socio Jaime Soto.

Paa la acción popular, que ejerce el abogado Emilio Rodríguez Menéndez, los antiguos responsables de Ibercorp son culpables de los delitos de tráfico de influencias, estafa, apropiación indebida, maquinación para alterar el precio de las cosas, delitos contra la hacienda pública, falsedad en documento oficial y mercantil y cohecho.

Este último delito no se lo imputa a Benito Tamayo, socio de De la Concha y Soto, aunque le acusa de haber cometido los restantes delitos que imputa a éstos.

En su escrio de calificaciones, la acusación también incluye al matrimonio formado por Miguel Boyer e Isabel Preysler, a los que considera autores de los delitos de tráfico de influencias y falsedad en documento oficial, por lo que pide para ellos la pena de un año de cárcel y un millón de pesetas de multa.

Sin embargo, rebaja a sólo un mes de cárcel la pena solicitada para Carmen Posadas, la mujer de Rubio, su hermana María Teresa, su cuñado André Laurent Atthalin y su primo Jaime Pittaluga ya que los consideraautores de un delito de tráfico de influencias.

"ESTRECHA RELACION PERSONAL"

Entre los hechos que relata el escrito de calificaciones, en el que la acción popular pide a la jueza que decrete la apertura de juicio oral para todos ellos, la acusación afirma que Rubio y De la Concha mantenían "una estrecha relación personal basada en una íntima amistad que databa de los años de universidad que ambos compartieron", además de la comercial derivada de la gestión de la cartera de valores de Rubio por De laConcha.

La existencia de ambas relaciones "llevó a los acusados a confundirlas, a hacer de los negocios y la amistad una sola y misma causa" en la que también participaba Jaime Soto. Así, entre otras actuaciones, Rubio facilitó información "de carácter confidencial" a sus amigos lo que les permitió a éstos "ahorrarse una ingente cantidad de dinero, en concreto 597 millones de pesetas" en la adquisión del Banco Trelles, que posteriormente convertirían en el Banco Ibercorp.

Además, la acción popula sostiene que esas relaciones impidieron la imposición de sanciones a De la Concha y Soto por parte del Banco de España por sus operaciones y relata, al igual que hace la jueza en su auto de ayer, la concesión de un crédito de 5.400 millones de pesetas por parte de Rubio al Banco Ibercorp sin ningún tipo de garantías y a pesar de los informes en contra del Banco de España.

Añade que la esposa de Rubio así como el matrimonio Boyer también se beneficiaron de "los privilegios que le otorgaba la estrecha mistad del ex gobernador" con De la Concha y Soto, quienes gestionaban sus carteras de valores suscibiendo en su nombre "las privilegiadas emisiones de obligaciones convertibles" y "alterando la grafía literal de sus nombres en la lista de ordenantes remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores".

Finalmente, destaca que rubio participó "en los lucrativos negocios de sus amigos a través de un complejo entramado de sociedades radicadas en paraísos fiscales y administradas familiarmente por divrsos familiares suyos" como su hermana, su cuñado y su primo.