"Es un acto de justicia social y reconocimiento a tantas personas migrantes que con su trabajo llevan tiempo contribuyendo al desarrollo de nuestro país aún a costa de mantenerles en situación irregular", indicó en un comunicado este grupo eclesial de apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP).

Las citadas entidades consideran que la regularización extraordinaria es "un complemento imprescindible al Reglamento de Extranjería, al ofrecer respuesta a quienes no pueden acogerse a las vías ordinarias".

El reglamento de extranjería ha supuesto "un avance" en algunas cuestiones, pero está sufriendo "ajustes frecuentes" y "adolece de algunas lagunas que ameritarían su reforma para consolidarlos", lamentaron. Por ello, este grupo eclesial ha solicitado en reiteradas ocasiones que incorpore, como se ha hecho con anterioridad, una disposición transitoria que permita una regularización extraordinaria.

La Iglesia considera que el Reglamento de Extranjería (RD 1155/2024), en vigor desde mayo de 2025, constituye "un paso positivo y necesario" para garantizar los derechos y la dignidad de las personas migrantes. Sin embargo, "deja fuera a numerosos colectivos vulnerables que nuestras entidades acompañan cotidianamente y que han sido objeto reiterado de las demandas que como entidades eclesiales han hecho en estos años de trabajo por la ILP regularización".

Entre ellos, las citadas entidades incluyen a "personas sin posibilidad de acreditar los dos años de permanencia exigidos, a menudo por pérdida de documentos en situaciones de precariedad o emergencia"; personas indocumentadas, "que no pueden acceder a la cédula de inscripción debido a trámites excesivamente rígidos"; personas con difícil empleabilidad por edad, discapacidad, sinhogarismo o enfermedad crónica; "trabajadoras y trabajadores que, aun pudiendo trabajar, no logran presentar un contrato formal previo debido a la lentitud de la administración"; solicitantes de protección internacional denegada, que quedan "atrapados" en largos periodos de irregularidad; y familias con niños y niñas en situación irregular que, aun cumpliendo requisitos, no podrán ser regularizadas.

600.000 FIRMAS

Las entidades eclesiales han trabajado en un proceso participativo que llegó a concitar a más de 900 organizaciones de toda índole y recabó más de 600.000 firmas para la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP). Desde el año 2023 las cuatro entidades han participado en multitud de reuniones con actores políticos y sociales exponiendo la "preocupación compartida y constatada" en el día a día de la labor de acompañamiento que realizan entidades eclesiales por la "relación innegable entre irregularidad administrativa y exclusión social".

Según el IX Informe Foessa sobre exclusión y desarrollo social, casi nueve millones de personas migrantes viven en España. La situación administrativa irregular en la que están muchas de ellas provoca que el 68% se encuentre en exclusión social. Según los últimos datos publicados por Cáritas, el 47% de las personas acompañadas por la institución en 2024 no tenía regularizada su situación, lo que equivale aproximadamente a unas 550.000 personas. "Una cifra que no para de crecer desde 2019", añaden.

Las entidades eclesiales ponen el énfasis en la "inmensa labor de diálogo" que se ha llevado a cabo y en la amplia aprobación que tuvo la toma en consideración de la iniciativa el 9 de abril de 2024 en el Congreso de los Diputados. "Esta regularización extraordinaria ha sido demandada por amplios sectores de la sociedad por ser una medida de responsabilidad política, ética y social. Ha llegado la hora de dar un paso decidido hacia una sociedad más justa e inclusiva, donde nadie quede relegado a la invisibilidad y la exclusión", concluyeron.