Así lo anunció la ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante la sesión del control al Gobierno en una interpelación presentada por la diputada de Compromís Agueda Micó sobre el apoyo a las víctimas de las pseudoterapias de conversión contra las personas Lgtbi+.

La ministra reveló que, “en estos últimos meses, se han recibido denuncias importantes, tanto individuales como colectivas en relación con la práctica de estas terapias”, Así, dijo estar “investigándolas y se ha incoado esta misma semana un expediente sancionador porque son conductas muy graves que tienen sanciones administrativas”.

Además, fuentes de Igualdad explicaron que, desde la entrada en vigor en 2023 de la 'ley Trans', la Dirección General para la Igualdad real y efectiva de las Personas Lgtbi+ ha recibido un total de 23 denuncias, de las cuales 20 han sido archivadas por no incardinarse en ninguna de las infracciones recogidas en la ley o por incompetencia territorial o material.

Agueda Micó denunció la gravedad de las pseudoterapias de conversión que sufren las personas Lgtbi+, las cuales definió como “torturas”, y reclamó una respuesta más ambiciosa del Gobierno. Subrayó casos concretos de víctimas como, por ejemplo, el de una joven trans, para evidenciar las consecuencias extremas de estas prácticas, incluyendo problemas de salud mental y suicidio.

Además, Micó insistió en que la futura ley contra estas terapias “no debe limitarse” a tipificar el delito, sino que debe garantizar recursos reales para las víctimas.

Micó criticó también que el enfoque del Ejecutivo es insuficiente y pidió medidas como alternativa habitacional y ayudas económicas, ya que muchas víctimas dependen de sus agresores. Al mismo tiempo, reivindicó que “las víctimas necesitan derechos, protección y reparación efectiva”.

Por su lado, Redondo compartió con Micó tanto los objetivos como la preocupación por las víctimas, subrayando la necesidad de seguir avanzando en la igualdad real. Aunque destacó que España se sitúa entre los más avanzados en la protección de derechos Lgtbi+, advirtió de retrocesos en algunos territorios como la Comunidad de Madrid o la Comunidad Valencina, mencionando en medidas recurridas ante el Tribunal Constitucional por limitar derechos.

Asimismo, combinó tres ideas centrales en su intervención tales como la condena firme de estas prácticas, la defensa del avance logrado en España y el compromiso de seguir legislando y actuando para erradicarlas y proteger a las personas afectadas.