En concreto, fuentes de Igualdad dijeron este mismo jueves que, por su parte, la “negociación sigue abierta”, después de que Infancia haya abandonado la ponencia de esta ley debido a la negativa del Ministerio de Justicia a tener en cuenta las observaciones de Infancia para modificar la tipificación de la violencia vicaria, el régimen de visitas, la patria potestad y el derecho de escucha de niños y adolescentes.

El departamento liderado por Sira Rego dijo que, tal como alertó el movimiento feminista (y en concreto, ayer, la Coordinadora Estatal para la erradicación de la Violencia Vicaria y la Violencia de Género Institucional), la “tipificación de violencia vicaria que contempla en estos momentos el texto deja a las madres protectoras en una situación de inseguridad jurídica”.

Además, Infancia señaló que las “modificaciones planteadas por el ministerio se centran en la tipificación de la violencia vicaria, el régimen de visitas, la patria potestad y el derecho de escucha de niños, niñas y adolescentes". Este departamento recalcó que estos aspectos son "indispensables para que la ley avance en la garantía de derechos para las víctimas”.

Del mismo modo, las fuentes de Infancia calificaron de “inaceptable” que el texto actual siga permitiendo al agresor mantener contacto con hijos e hijas víctimas de violencia vicaria o de género. “Un maltratador no puede ser un buen padre y el Estado tiene la obligación de proteger a la infancia. Además, el derecho a la escucha de niños no queda garantizado, un aspecto central para el Ministerio de Juventud e Infancia”, subrayó el ministerio que dirige Sira Rego.

Desde Juventud e Infancia señalaron también la “urgencia” de legislar al respecto de la violencia vicaria y apostillaron que su propósito en todo momento "ha sido el de mejorar el texto y mantienen abierta la puerta al diálogo para tener una ley a la altura". Sin embargo, consideran "inaceptable que el texto siga su curso con la redacción actual”.