Según informaron fuentes de Igualdad, estas son algunas de las conclusiones extraídas del comité de crisis celebrado este martes por los últimos asesinatos machistas, En concreto, se analizaron nueve asesinatos machistas, pertenecientes a junio y julio.

Sobre una de las citadas conclusiones, específicamente, Igualdad propuso “replantear la conveniencia de las conformidades en los procedimientos de violencia de género, así como los mutuos acuerdos en procedimientos de familia cuando hay violencia”.

Asimismo, en la reunión se concluyó que se debe “recalibrar” el peso que el sistema judicial y policial concede a la voluntad expresada por la víctima cuando solicita retirar denuncias u órdenes de protección, al entender que muchas mujeres no actúan en plena libertad en un contexto de violencia de género. En este sentido, defiende que debe primar la persecución del delito y la protección de la víctima.

El departamento liderado por Ana Redondo alertó de la persistencia de escasa denuncia previa en los asesinatos machistas analizados y pidió reforzar la actuación de oficio de la justicia.

En concreto, de los nueve casos estudiados en el comité de crisis, solo uno contaba con denuncia previa. Además, en siete de los nueve casos la víctima y el agresor convivían. Mientras tanto, cuatro de los casos se encontraban en fase de ruptura.

Las mismas fuentes de igualdad también explicaron el impacto de estos crímenes sobre los menores. En total, ocho niños han quedado huérfanos a consecuencias de estos nueve casos. Asimismo, de los nueve presuntos agresores, dos se suicidaron tras cometer el crimen y otros tres intentaron suicidarse.

Igualdad también señaló que, cuando existen hijos menores, las víctimas suelen presentar mayores vínculos de dependencia emocional y/o económica con el agresor, un factor que puede dificultar la ruptura de la relación.

Así, el comité de crisis presidido por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, propuso “no archivar” de inmediato de los casos en los que el presunto agresor se suicida, para facilitar la tramitación de ayudas y recursos dirigidos a las víctimas y sus familias.

Por otro lado, tras el comité de crisis entre el Gobierno central, las autonomías y los agentes implicados en la prevención de la violencia machista, el Ministerio de Igualdad celebró otra reunión con la Junta de Andalucía para analizar en profundidad los casos recientes, con especial atención a los ocurridos en la provincia de Málaga.

Finalmente, Igualdad subrayó la necesidad de una mayor proactividad de los entornos familiares, sociales e institucionales, reclamando que cualquier indicio de violencia sea puesto en conocimiento de las autoridades competentes.