Así lo explicaron fuentes de Igualdad, quienes también aclararon que la propuesta reformaría el 43 de la Constitución, que habla sobre la protección de la salud, porque la prestación del derecho al aborto es un servicio sanitario. En este sentido, se busca también apoyar la ley del aborto, que aún no se está aplicando igual en toda España.

Desde el Ministerio liderado por Ana Redondo detallaron que se optó por esta vía de reforma porque el 43 es uno de los artículos que se puede modificar a través del artículo 167 que recoge la posibilidad de una reforma ordinaria y es la vía que se usó en todas las modificaciones constitucionales anteriores.

El anteproyecto presentado el pasado martes por el Gobierno incorporaría un cuarto punto a este artículo en el que se reconocería el derecho de las mujeres a recibir este servicio sanitario en igualdad de condiciones en todo el territorio español.

Sobre la posibilidad de incluir esta reforma en otro artículo de la Constitución como, por ejemplo, en el 15, que trata sobre el derecho a la vida y a la integridad física y moral de las personas, Igualdad explicó que esa reforma requeriría otra fórmula, la del 168 de reforma agravada, mucho más compleja e “inviable”.

Así pues, la propuesta del Ejecutivo podría llegar al Parlamento en unos dos meses, que es el tiempo límite que tiene el Consejo de Estado para emitir el dictamen sobre el anteproyecto en la fase previa a su debate en las Cámaras.

Una vez en el Parlamento, la propuesta necesitaría el apoyo de 3/5 del Congreso y de 3/5 del Senado. En caso de que no hubiera acuerdo, el proyecto pasaría a una Comisión paritaria de Congreso y Senado, que propondría un nuevo texto que necesitaría también en apoyo de las mayorías de las Cámaras. En ese caso, sería necesario un apoyo de 2/3 del Congreso y mayoría absoluta en el Senado.

Además, en el supuesto de que la propuesta se aprobase, una décima parte del Congreso y otra igual del Senado podrían solicitar la celebración de un referéndum de ratificación de lo ya votado.

Finalmente, las mismas fuentes de Igualdad incidieron en que, con esta propuesta, el derecho al aborto estaría bien garantizado y blindado en la Constitución porque no podría darse la situación de que el aborto no se realice en un hospital publico porque no haya ningún médico dispuesto a ello.

Desde el departamento de Redondo defendieron que se busca ponderar de forma proporcional ambos derechos, el de las mujeres a abortar y el de la objeción de conciencia, y que, si se lleva a termino la reforma, la responsabilidad de ofrecer este servicio sería de las comunidades autónomas y los hospitales.