Según explicó la ILGA World, a pesar de los avances, las cifras de la Base de Datos de la asociación muestran que las personas Lgbtqia+ siguen enfrentándose a desafíos a la hora de acceder a sus derechos básicos.

Además, la asociación señaló que 64 Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) siguen criminalizando los actos sexuales consensuales entre personas del mismo sexo. Al menos 61 países tienen restricciones a la libertad de expresión relacionadas con cuestiones de diversidad.

Igualmente, ILGA World dijo que existen leyes que protegen a las personas de los delitos de odio por motivos de orientación sexual en 63 Estados miembros de la ONU, pero sólo en 41 por motivos de identidad de género, 11 de expresión de género y 8 de características sexuales.

En particular, los últimos meses estuvieron “plagados” de amenazas “alarmantes y crecientes” contra las personas Lgbtqia+ y organizaciones de todo el mundo se vieron “obligadas” a cerrar sus operaciones debido a la congelación de la ayuda y los recortes de financiación.

Concretamente, la asociación mencionó que, en Estados Unidos, los proyectos de ley y las órdenes ejecutivas contribuyen a hacer “imposible” la vida de las personas trans e intersex con el pretexto de “defender a las mujeres”. También apuntó que, en Argentina, el Gobierno modificó la Ley Nacional de Identidad de Género mediante un decreto ejecutivo, que prohíbe el acceso a la atención sanitaria afirmativa del género a las personas menores de 18 años.

Del mismo modo, ILGA World señaló que algunos actores políticos son “cómplices” de estas acciones, “despojando y privando” a las personas de su capacidad de decidir sobre sus cuerpos, sus identidades y sus amores, y excluyéndolas de la vida pública, de la atención sanitaria y del reconocimiento en general.