Así se desprende del análisis de los últimos datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que, según la entidad, reflejan que el mercado laboral español sigue siendo “hostil y excluyente” para este colectivo pese a ligeros avances.

El informe sitúa la tasa de actividad de las personas con discapacidad en el 35,4%, lo que evidencia que cerca de siete de cada diez personas en edad de trabajar “permanecen fuera del sistema laboral”.

La organización también puso el foco en la brecha de género, que triplica la del conjunto de la población. Mientras que entre personas sin discapacidad la diferencia de afiliación entre hombres y mujeres es de 4,88 puntos, en el caso de la discapacidad alcanza los 15,19 puntos.

En cuanto a la calidad del empleo, el análisis revela una elevada precariedad, con una tasa de temporalidad del 69,95% en los contratos firmados por este colectivo, así como una escasa presencia en puestos directivos, que apenas representan el 0,12% del total. Además, el 43,49% de la contratación se concentra en ocupaciones elementales de baja cualificación.

"VIGILANCIA EFECTIVA"

Ante esta situación, Impulsa Igualdad reclamó al Gobierno y a los agentes sociales medidas como la “vigilancia efectiva del cumplimiento de la cuota de reserva de empleo” para personas con discapacidad, el “veto a empresas incumplidoras” en la contratación pública, el “refuerzo de incentivos a la contratación indefinida” y el “impulso de políticas específicas para mujeres con discapacidad”.

Asimismo, la entidad defendió la puesta en marcha de planes de formación avanzada que “faciliten el acceso a puestos técnicos y de gestión”, con el fin de “romper la concentración en empleos de baja cualificación”.

“Los datos de 2025 nos dicen que la discapacidad en España sigue siendo sinónimo de precariedad o inactividad”, advirtió la organización, que instó a avanzar hacia una inclusión real basada en el talento y la igualdad de oportunidades.