La entidad alertó de que las diferencias entre comunidades autónomas en plazos, autorizaciones y financiación generan “una desigualdad de derechos incompatible” con la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Según explicó la organización, el marco normativo estatal, integrado por el Real Decreto 1030/2006, la Orden SCB/45/2019 y la reciente Orden SND/454/2025, actualiza y amplía el catálogo común ortoprotésico del SNS, incorporando nuevos productos y mejoras técnicas en prótesis y órtesis.

Sin embargo, Impulsa Igualdad sostuvo que estas modificaciones “no bastan” si no van acompañadas de mecanismos efectivos de homogeneización territorial y control de aplicación autonómica.

La entidad aseguró que los datos recopilados durante 2025 reflejan diferencias “muy significativas” entre territorios. Así, Navarra fija un máximo de 90 días para el reembolso de productos ortoprotésicos, mientras que en la Comunidad Valenciana los plazos superan los seis meses y en Cantabria se registran retrasos superiores al año.

También denunció diferencias en los sistemas de financiación. Mientras Baleares cuenta con autorización anticipada para evitar que la persona usuaria adelante el dinero, en la Comunidad de Madrid las personas deben asumir previamente el coste íntegro sin garantía expresa de reembolso posterior.

En materia de renovación de prótesis, los plazos oscilan entre los tres años establecidos en Galicia y los cinco de Cataluña.

Impulsa Igualdad criticó además el retraso en la adaptación autonómica al nuevo catálogo aprobado en 2025. Según recordó, la propia Orden SND/454/2025 establecía un plazo de seis meses para actualizar las carteras de servicios, aunque a finales de noviembre de 2025 solo Cataluña, Castilla-La Mancha y Asturias habían completado el proceso.

Ante esta situación, la organización reclamó al Ministerio de Sanidad y al Consejo Interterritorial del SNS que impulsen una guía técnica común de prescripción, un procedimiento homogéneo de autorización y unas reglas mínimas de reembolso con plazos máximos vinculantes.

Asimismo, exigió la implantación de un sistema estatal de trazabilidad que permita comparar datos entre territorios, incluyendo tiempos de espera, importes reconocidos, denegaciones y motivos de rechazo.

El presidente de Impulsa Igualdad, Francisco Sardón, subrayó que “el acceso a productos de apoyo no es una prestación accesoria”, sino “una condición material de la vida independiente, del empleo, de la participación social y de la autonomía personal”.

“Mientras el código postal siga determinando si una persona recibe su prótesis en tres meses o en un año, o si tiene que adelantar miles de euros sin certeza de recuperarlos, el sistema sanitario estará generando una forma de discriminación indirecta”, concluyó.